Expertos apuntan a Andalucía como una de las regiones peor financiadas

  • Economistas piden una "reforma urgente y sensata" del actual sistema de financiación autonómica, que consideran "opaco y desigual"

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El actual modelo de financiación autonómica deja una nítida estampa: comunidades beneficiadas por las reglas de juego -las forales y otras del régimen común, como Cantabria, La Rioja o Extremadura-, y regiones peor tratadas, encabezadas por la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía. Así de claro lo expuso ayer el economista y director Ejecutivo de Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada), Ángel de la Fuente, que visitó Sevilla para presentar un documento elaborado entre una veintena de expertos de España con el que sentar las bases para una "reforma sensata" del sistema de financiación de las comunidades.

Tras dar a conocer sus conclusiones en Cataluña y Madrid, ayer fue el turno de Andalucía, donde los promotores de la iniciativa recibieron el feed-back de economistas y políticos andaluces en una reunión organizada por el Observatorio Económico de Andalucía (OEA). Todos coincidieron en el diagnóstico: el sistema actual es opaco, complejo y genera una distribución de la financiación desigual e incluso arbitraria, lo que empuja a una reforma "urgente e inaplazable", que tendrá que abordar el Gobierno que salga de las urnas el próximo 26 de junio.

Sus principales propuestas pasan por simplificar el sistema, dotarlo de un mecanismo razonable de equilibrio vertical de los recursos entre las administraciones, reducir el nivel de desigualdad en términos de financiación por habitante ajustado, dotar a las regiones de un mayor control sobre sus ingresos y exigirles a cambio mayor responsabilidad sobre la financiación de su gasto.

Asimismo, existe un acuerdo general en la necesidad de eliminar el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y de mantener el régimen foral con retoques. "El FLA surgió como un instrumento útil cuando estaban los mercados cerrados, pero genera incentivos perversos y hace que las comunidades dependan excesivamente del Gobierno central", analiza De la Fuente. En este punto, algunos expertos como el director general de Financiación y Tributos de la Consejería de Hacienda de la Junta, Diego Martínez, indica que hay que buscar una estrategia de salida, que podría pasar por "condonar la deuda de forma parcial y asimétrica".

En cuanto al régimen foral de País Vasco y Navarra, los expertos señalan que "es soportable como reliquia histórica", pero que debe mejorar el cálculo de su cupo para que haya una convergencia con el sistema general en dos décadas.

Pero no todo es consenso entre los técnicos y economistas. Hay discrepancias en la forma de alcanzar algunos de los objetivos. El escollo más grande está en determinar si se debe ir a la igualdad absoluta o no. Los catalanes Anna Balletbó, presidenta de la Fundación Olof Palme, y Francésc Granell, catedrático de la Universidad de Barcelona, aceptan que haya solidaridad interregional, mientras que no sea "excesiva", y critican los "chollos" vasco y navarro, "un Panamá en la sombra". Ellos defienden que el sistema de financiación se base en el principio de ordinalidad, que limita las aportaciones de las comunidades más ricas, frente al de solidaridad, que prima la ayuda a las comunidades de menor renta. "Hay que caminar hacia una igualdad total en la financiación por habitante ajustado", exige Luis Ángel Hierro, ex diputado y profesor de la Universidad de Sevilla. Una postura secundada por el profesor de la Universidad de Málaga Joaquín Aurioles, que asegura que "Andalucía no va a aceptar la prevalencia de la ordinalidad sobre la solidaridad bajo ningún concepto".

Otro de los puntos en los que hay desacuerdo es en cómo dotar a las comunidades de mayor control sobre sus ingresos. Aurioles propone ceder plenamente el IVA y los impuestos especiales a los gobiernos regionales, dejando el IRPF en manos de la Administración central. El catedrático Rogelio Velasco defiende el copago en sanidad, y el profesor del Instituto San Telmo, Fernando Faces, apuesta por el IVA colegiado para aumentar la autonomía de las comunidades, ya que es "el impuesto que más recauda y menos cíclico que el IRPF".

Por último, otra de las discrepancias radica en que unos expertos prefieren que las negociaciones se lleven a cabo entre las comunidades y el Estado, y otros que se hagan entre los partidos mayoritarios en el Parlamento.

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