Madrid reabre el debate sobre la liberalización de horarios comerciales

  • El proyecto del Gobierno autonómico, que permitirá abrir 24 horas los días laborables y 22 domingos y festivos al año, divide a consumidores y comerciantes · También facilita la creación de nuevos centros

Madrid quiere destacarse aún más como la comunidad campeona en la liberalización de la actividad comercial. El proyecto de ley que prepara el Gobierno regional a este respecto, filtrado el jueves, se conoció además el mismo día en el que la Comisión Europea denunció las normativas española y catalana que regulan este sector ante el Tribunal de Justicia de la UE por considerar que restringen la libre implantación de empresas.

El contexto, por tanto, no podía ser más favorable para confrontar ambos modelos, ya que la comunidad que preside Esperanza Aguirre es ya la que más libertad ha otorgado al sector en España, mientras que Cataluña ha hecho gala de las restricciones a las grandes superficies amparándose en la defensa del pequeño comercio.

A grandes rasgos, el proyecto madrileño -denominado Ley de Modernización del Comercio- pretende que cualquier comerciante pueda abrir las 24 horas los días laborables y los domingos y festivos autorizados cada año (22 en el caso de la Comunidad de Madrid). Actualmente, el límite es de noventa horas semanales; tampoco se permite abrir entre las 12 de la noche y las 7 de la mañana; ni más de doce horas los domingos y festivos. Todo ello quedaría eliminado.

A ello se añade la flexibilización y agilización de los requisitos para instalar y ampliar cualquier establecimiento. Por ejemplo, la licencia autonómica -que se suma a la que exige el Gobierno central- sólo será necesaria si el nuevo establecimiento tiene más de 2.500 metros cuadrados (1.500 ahora) o si la ampliación del mismo supera en un 30% la superficie originaria.

En Andalucía está permitida la apertura 8 domingos y festivos al año (el mínimo que permite la ley de 2004) y se exige licencia autonómica para los establecimientos de más de 1.000 metros.

En el borrador de la ley se establece igualmente eliminar la obligación de pedir una licencia específica en el ayuntamiento correspondiente para vender bebidas alcohólicas. El Gobierno que preside Esperanza Aguirre no se pronunció sobre esta filtración.

La reacción más contundente procedió ayer de la Confederación Española de Comercio, que agrupa a 410.000 pequeños y medianos empresarios del sector en todo el país. Calificó este proyecto de ley como "liberalización salvaje" y criticó que promueve un modelo comercial "ineficiente".

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