Multas del 1% de las ventas a las firmas que taponen inspecciones de la CNMC

  • Si la empresa se opone al registro, se pedirá una autorización judicial La plantilla debe colaborar

Las empresas están obligadas a someterse a las inspecciones autorizadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), así como a no obstruir el desarrollo de las mismas, o se pueden enfrentar a una multa de hasta el 1% del volumen de negocios registrado en el ejercicio anterior. Además, esta sanción se aplicaría al margen del correspondiente expediente sancionador que se tramite por la posible infracción que motivó la inspección.

El organismo que preside José María Marín Quemada emitió ayer una nota en la que recuerda los procedimientos de una inspección con el fin de "mejorar la transparencia y el conocimiento de las empresas" acerca de los mismos.

El proceso de una inspección se producirá cuando, de acuerdo con la Ley de Competencia, se den las circunstancias que aconsejen inspeccionar las sedes de empresas y/o asociaciones donde presuntamente conste información secreta y confidencial que no sea posible recabar por otros medios, y que acredite posibles infracciones.

Así, en los supuestos de oposición o riesgo de oposición a la inspección, la CNMC solicitará la correspondiente autorización judicial de entrada en el domicilio y podría llegar a poner el caso en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes.

Los inspectores autorizados por el director de Competencia tendrán la condición de agentes de autoridad y actuarán de manera proporcionada durante la inspección, en el marco de la orden de investigación, tratando de alterar lo menos posible el normal funcionamiento de la empresa durante la inspección. Aunque durante la misma podrá haber presente un abogado de la enseña, no es un requisito necesario para el inicio de la inspección.

El personal de la compañía deberá colaborar con los inspectores garantizando su acceso a la información, a los dispositivos que se soliciten y respondiendo a sus preguntas.

Para Marín Quemada, la mayor parte de los casos deriva de sospechas sobre intercambios de información, pactos de precios o reparto de mercado, prácticas que "impiden la competencia" y "que los clientes de un producto o sector tengan los mejores precios".

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