La gran banca reclama 1.350 millones al Estado por el cierre del almacén de gas Castor

  • Santander, Caixabank y Bankia exigen la devolución del crédito que concedieron al Gobierno para compensar a ACS

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Banco Santander, Caixabank y Bankia reclaman al Estado los 1.350 millones de euros que aportaron para facilitar el cierre del almacén submarino de gas Castor y que el Gobierno se comprometió a devolver en 30 años. Las tres entidades formularon ayer ante el Gobierno una "reclamación de responsabilidad del Estado legislador" en la que solicitan la devolución del dinero aportado.

La reclamación llega después de que el Tribunal Constitucional declarara nulos varios artículos del real decreto-ley que permitió a Escal UGS, empresa controlada por ACS, cobrar una indemnización por la paralización del almacén de gas. Los bancos entienden que esta decisión judicial no debe ocasionar ninguna pérdida a quien ha financiado a los poderes públicos. Si no fuese así, argumentan, el poder público se beneficiaría de la inconstitucionalidad a costa de las entidades.

Las entidades recuerdan que desembolsaron más de 1.350 millones para financiar el cierre del almacén de gas natural Castor, después de que una serie de seísmos despertasen alarma social entre los vecinos de las provincias de Castellón y Tarragona.

El Estado necesitaba ese importe para liquidar con la empresa concesionaria las inversiones realizadas en Castor y el Gobierno, con José Manuel Soria al frente de la cartera de Industria, aprobó el real decreto-ley con el que extinguió la concesión, "hibernó" la instalación y reguló la compensación. De ese modo se podía indemnizar a Escal UGS con 1.350 millones con cargo al sistema gasista, es decir, a través de la factura del gas, lo que el Constitucional anuló parcialmente a finales de 2017.

Tras la decisión judicial se dejaron de abonar los pagos tanto a la entidad gestora, Enagas como a los bancos. Por eso ahora Santander, Caixabank y Bankia reclaman su dinero y ofrecen al Gobierno alcanzar un acuerdo que permita hacer la devolución de una manera flexible, a fin de evitar un grave impacto en las cuentas del Estado o en los consumidores gasistas.

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