La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha desgranado un amplio paquete de medidas de ahorro del gasto que implican una rebaja del sueldo y una ampliación de jornada de los empleados públicos y la entrada del sector privado en la gestión y construcción de los hospitales.

Cospedal, acompañada por todo su Gobierno en una comparecencia en la sede de la Presidencia regional, ha presentado la segunda parte del denominado Plan de Garantías de los Servicios Sociales Básicos, con la que prevé aumentar en 350 millones el ahorro inicial estimado en 1.850 millones, de los que ya ha ahorrado 220.

La presidenta castellano-manchega ha reconocido que el suyo es el primer Gobierno que acomete un plan de estas características, pero ha pedido el esfuerzo de todos para superar una situación que ha estado a punto de llevar al "colapso" los servicios sociales y ha añadido: "el sudor de hoy alejará las lágrimas de mañana". Antes, ha enumerado una serie de propuestas que incluyen el aumento de la jornada laboral de los empleados públicos de 35 a 37 horas y media y, de forma transitoria y excepcional, la rebaja de su sueldo en una media de un 3 %, mediante la bajada del 10 % en el complemento específico y asimilado de sus salarios.

Cospedal pondrá fin a la gratuidad de los libros de texto para todos los escolares, ampliará la enseñanza concertada, reducirá la aportación a la Universidad regional y a la televisión autonómica y suprimirá la ayuda a la cooperación.

El transporte gratuito interurbano para jóvenes y mayores, igual que los libros de texto, quedará limitado a las rentas bajas, y, de acuerdo con el Gobierno central, se revisará el baremo de aplicación de la ley de dependencia.

El área que más sufrirá el impacto de las medidas será Sanidad, aunque Cospedal ha dejado claro que los ciudadanos no notarán la diferencia en la atención y ha descartado de forma rotunda el copago, si bien aplicará medidas para poner freno a la "demanda inapropiada" de servicios sociosanitarios.

Se privatizará la gestión de los hospitales de Almansa, Tomelloso, Villarrobledo y Manzanares, que actualmente son "inviables", y entrará capital privado en la construcción de los hospitales de Toledo, Cuenca y Guadalajara. Cospedal ha utilizado el Hospital de Toledo, la principal obra proyectada en la comunidad autónoma, como ejemplo de la gestión de sus antecesores, pues en una caseta de obras se gastaron 2 millones de euros.

Además, se combatirá el absentismo laboral en la Administración, que es "absolutamente desproporcionado" en Sanidad, de modo que la baja habrá que presentarla el primer día de enfermedad y no el cuarto. Los profesionales sanitarios se retirarán cuando cumplan la edad de jubilación, no se subirán los complementos por carrera profesional, se reducirán los de incapacidad temporal transitoria y se impedirá que, como ocurre ahora, se paguen cantidades millonarias por horas extraordinarias mientras los rendimientos en la jornada ordinaria "no son adecuados".

Los casi 2.000 empleados forestales de la empresa pública de Gestión Ambiental (Geacam) pasarán de trabajar doce meses a tener contratos de fijo-discontinuo de ocho meses de duración. Se paralizará toda la obra pública en carreteras, incluidos proyectos ya adjudicados como la autovía del Júcar. Cospedal ha prometido no implantar ningún impuesto nuevo, aunque subirá el canon eólico aprobado por el anterior Ejecutivo y suprimirá la bonificación del impuesto de Patrimonio.

Además, subastará los coches oficiales de los consejeros y los cambiará por vehículos alquilados de gama media; prohibirá facturas por comidas que no estén autorizadas con la firma del consejero, con un máximo de 18 euros por comensal, y dejará sin paga extra a los miembros del equipo de Gobierno. Estas medidas irán acompañadas por una ley de estabilidad presupuestaria que se aprobará la próxima semana, pues Castilla-La Mancha prevé cerrar este año con un déficit del 9,7%.

Por ese motivo, el Ejecutivo ultima un Plan Económico Financiero que tiene que presentar ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera y que será la llave para que el Gobierno pueda salir al mercado a por financiación a largo plazo, imprescindible para poder pagar a miles de proveedores a los que se ha prometido un calendario de plazos que tendrá que ser retrasado. Además, creará una comisión de negociación con la Federación de Municipios y Provincias para determinar con claridad y en cada caso qué servicio presta cada administración, de modo que se eviten duplicidades.

El plan de Cospedal ha sido acogido con duras críticas por el PSOE, que lo considera "la mayor estafa política" que se ha producido en la región, "dinamitar" el estado del bienestar, dejar "herida" la educación pública y convertir los servicios sociales en "pura beneficencia". Los sindicatos UGT y CCOO han anunciado que responderán con "todas sus fuerzas" a las medidas, que van a poner en una situación "de alarma y urgencia" a la región, que se ha "puesto en venta", mientras que el CSIF también vaticina una "probable reacción" en la calle de los empleados públicos y los sindicatos.