El Gobierno cesado de Carles Puigdemont pretendía controlar la gestión de datos de los ciudadanos mediante un sistema de ficheros con información fiscal, bienes y actividades económicas, entre otros. Así se desprende del documento Sistemas de Información de la Administración Tributaria de Cataluña de abril de 2016 recogido por la Guardia Civil en uno de los últimos informes que ha entregado en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.

Este documento, incautado a la directora de Servicios de la Secretaría General de Vicepresidencia, Natalia Garriga, durante los registros judiciales del pasado septiembre en Barcelona, establece a lo largo de 23 folios la hoja de ruta a seguir para poner en marcha la estructura jurídica y fiscal de Cataluña tras su hipotética independencia. Igualmente recoge el objetivo marcado por el anterior Gobierno catalán de llegar a los años 2018 y 2019 controlando los impuestos indirectos, sobre la renta personal, sobre los beneficios empresariales y la fabricación.

En el documento se recogen hasta cuatro puntos -identificación de las fuentes de datos, modelo de gobernanza de los datos, construcción de las bases de datos fiscales y gestión del conocimiento- a analizar entre los años 2015 y 2020. La previsión del departamento del ex vicepresidente Oriol Junqueras era regular así los tratados y convenios internacionales y las estructuras institucionales. También buscaba desplegar a lo largo del pasado año lo relativo a la gestión, recaudación y declaraciones informativas sobre impuestos tales como el IVA y el IRPF. En 2017 tendrían que estar listos los programas de ayuda para la confección de estos impuestos y todo lo relacionado con aduanas.