La familia de José Couso reclama al Gobierno un procedimiento "sin trabas"

  • La Audiencia Nacional revisará en dos semanas el procesamiento de los tres militares por la muerte del cámara español en Bagdad.

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Cinco años después, el asesinato por disparos del ejército estadounidense del cámara José Couso en el Hotel Palestina de Bagdad sigue sin haber derivado en un procedimiento judicial que castigue de forma efectiva a los culpables. Familia, amigos y ciudadanos anónimos recordaron hoy en distintos actos esta trágica fecha, con concentraciones incluso en el lugar del fallecimiento de Couso. La viuda del corresponsal, Lola, reclamó al Gobierno español que promueva la colaboración con la Justicia estadounidense para que el procedimiento judicial pueda desarrollarse "con normalidad y sin trabas". Precisamente a este respecto, la Audiencia Nacional revisará dentro de dos semanas el proceso de los tres militares norteamericanos implicados en el suceso.

Desde hoy, una placa recuerda a Couso en el portal del edificio donde residía, en la madrileña calle Ponzano, y en la que actualmente viven su viuda y sus dos hijos, de 11 y 8 años. Al acto acudieron representantes políticos y compañeros de profesión y, en este contexto, Lola recordó las actuaciones que aún quedan por hacer. En este sentido, se dirigió especialmente al Ejecutivo central para pedirle iniciativa en la búsqueda de colaboración entre la Justicia española y la norteamericana, de cara a que pueda desarrollarse un proceso judicial "con normalidad y sin trabas" que determine ante un tribunal los culpables del fallecimiento, provocado bajo fuego estadounidense. La viuda confía en que su marido sirva para "representar el éxito de la verdad, el respeto a los Derechos Humanos y la paz".

Por su parte, el hermano de Couso David, recordó que la querella sigue abierta y relató el duro trago por el que pasa la familia, que incluso ha pasado por dos intentos de archivo de la causa. En este punto, quiso destacar la "labor impresionante" desarrollada por el juez instructor Santiago Pedraz para castigar a los "criminales de guerra". Pedraz ha ordenado la detención de los militares acusados hasta en dos ocasiones, ya que el Tribunal Supremo levantó un freno anteriormente puesto por la Audiencia Nacional. Sin embargo, el Gobierno no ha dado curso a las órdenes y Estados Unidos no ha hecho nada para resolver este caso. Los militares acusados no salen de su país por temor a ser detenidos.

Precisamente, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional revisará dentro de dos semanas la decisión de Pedraz de procesar a tres militares estadounidenses por su implicación en la muerte de Couso. La celebración de esta vista, según fuentes jurídicas, se había dilatado a consecuencia de la presentación por parte de la familia de una recusación contra el presidente del tribunal encargado de estudiar la apelación, Gernando García Nicolás, que intervino en el archivo de la causa.

Los hechos tuvieron lugar el 8 de abril de 2003 por el impacto de un proyectil de tanque estadounidense en el decimoquinto piso del Hotel Palestina de Bagdad, el mismo lugar en que para hoy estaba fijada una ofrenda floral a cargo del colectivo de apoyo y una delegación de la familia. Además, a las 20.00 horas, los ciudadanos estaban llamados a una convocatoria frente a la Embajada de Estados Unidos de Madrid, en un encuentro con presencia de ponentes y actuaciones musicales y difundida a través de internet.

En la página web que reclama justicia por la muerte de Couso, el jueves pasado fue colgado un comunicado que anunció todas las iniciativas convocadas y lanzó duras críticas contra la aparente parálisis del proceso judicial. Así, denuncian el estado de "impunidad de la que gozan los militares estadounidenses", al tiempo que dirigen peticiones a tres actores distintos. A Washington, le reclaman el esclarecimiento de los hechos, colaboración con la justicia española y el cumplimiento de la legalidad internacional. Por otra parte, al Ejecutivo español, el colectivo demanda presión a las autoridades norteamericanas y la transmisión al Fiscal General del Estado de su obligación de investigar el caso, mientras que la Unión Europea debería amparar a la justicia española e implicarse "firmemente" en la investigación y denuncia de los asesinatos de periodistas ocurridos en Iraq.

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