Lamela procesa a Trapero por organización criminal y sedición

  • Tres miembros de la antigua cúpula de los Mossos también son encausados

  • La juez los acusa de impulsar el plan soberanista

El ex mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero. El ex mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero.

El ex mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero. / Víctor Lerena / Efe

La juez Carmen Lamela ha procesado al ex jefe de los Mossos Josep Lluís Trapero, al ex director del cuerpo Pere Soler y al ex secretario general de Interior César Puig, segundo de Joaquim Forn, por sedición y pertenencia a banda criminal en relación al asedio a la Conselleria de Economía y por el 1-O.

La magistrada de la Audiencia Nacional ha dictado un auto de procesamiento, paso previo a la apertura de juicio, en el que también encausa, aunque en este caso sólo por un delito de sedición por el citado asedio, a la intendente de los Mossos Teresa Laplana.

La instructora acusa a los mandos policiales de maquillar la inactividad de los agentes el 1-O

Lamela, que les comunicará el auto de procesamiento el próximo 16 de abril, ve indicios de delito en estas cuatro personas por los hechos ocurridos el 20 y 21 de septiembre frente a la Conselleria de Economía en Barcelona y por el referéndum ilegal del 1 de octubre.

Sobre ellos pesan las medidas cautelares de retirada del pasaporte, comparecencias ante el juzgado y prohibición de salida del país.

A Trapero, Puig y Soler les imputa un delito de organización criminal, mientras que en el caso del de sedición establece una diferencia entre ellos, ya que a Trapero le atribuye dos delitos y a los otros sólo uno al atribuirles sólo responsabilidad el 1-O.

Considera la juez que los cuatro procesados incurrieron en sedición (penado con hasta 15 años de cárcel) y no en rebelión (entre 15 y 25 años), por el que están procesadas 13 personas en el Tribunal Supremo, porque no aprecia que concurriera "el elemento de la violencia" en el asedio del 20 de septiembre y el 1-O, cuando una "masa de personas" se concentró "de forma tumultuosa".

Lamela cree que Trapero, Soler y Puig integraban una organización jerarquizada "bajo una dirección común en cuya cúspide se encontraba el president de la Generalitat de Cataluña" Carles Puigdemont, que tenía como objetivo la celebración del 1-O y la declaración de independencia del 27 de octubre.

En el auto, de 37 páginas, la juez relata que los Mossos se mantuvieron al margen de las actuaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil para impedir "el plan estratégico hacia la independencia", siguiendo una pauta anunciada previa y públicamente por los responsables políticos, el exconseller de Interior Joaquim Forn (en prisión preventiva), Soler y Puig.

Así, Lamela considera que estos dos últimos y Trapero formaban parte de una "organización criminal" en la que obedecían "a pautas de subordinación y trabajo en grupo bien definidas".

Se dan en su caso los requisitos del delito de jerarquía, permanencia en el tiempo, coordinación y cooperación, así como de reparto de tareas y planificación, todo ello bajo la dirección de Puigdemont desde hace más de dos años.

El 1 de octubre, la juez ve un plan de la cúpula de los Mossos que dio lugar a la "total inactividad" de sus agentes y que se enmascaró "bajo los principios de actuación policial de proporcionalidad, congruencia y oportunidad". De hecho, los agentes autonómicos llegaron a usar en sus comunicaciones por la emisora corporativa un código, Clave 21, para pasar un canal alternativo de comunicación mediante teléfonos móviles, donde reportaban informaciones o incidencias que no debían transmitir por el canal de radio oficial.

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