La OCU rechaza la subida de tasas judiciales porque limitará el acceso a la justicia

  • Con el copago que Gallardón incluye en la reforma de la Justicia, el pleito medio podría encarecerse unos 3.000 euros.

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La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha rechazado que se suban las tasas judiciales por el "grave perjuicio" que supondría para los ciudadanos el "encarecimiento del coste de acceso a la justicia", que podría poner en peligro el derecho a la protección judicial establecido en la Constitución. Esta es la opinión de la OCU sobre elproyecto de ley que establece un incremento de las tasas para recurrir las resoluciones judiciales en todos los órdenes jurisdiccionales excepto en el penal; un "nuevo copago judicial", según los consumidores, que puede encarecer un pleito medio en unos 3.000 euros.

Para la organización, esta "brutal subida" podría desalentar a los ciudadanos a recurrir a los tribunales de justicia, limitar el acceso a la justicia gratuita y favorecer a aquellos que tienen más recursos. Según explica la OCU, se crean dos tipos de tasas: una fija y otra variable. La tasa fija, dependiendo del tipo de procedimiento, irá desde los 100 euros del monitorio o 150 de la primera instancia del procedimiento verbal hasta los 1.200 euros del recurso de casación ante el Tribunal Supremo. A estas tasas fijas hay que añadir una variable, que se calcula en función de la cuantía del pleito. Además, al coste de las tasas hay que añadir el del abogado y procurador que es obligatorio en muchos procedimientos, lo que, resaltan los consumidores, encarece aún más el acceso a la justicia para muchos ciudadanos.

Por ejemplo, según la OCU, un pleito para reclamar 3.500 euros, con dos instancias judiciales, tendría unos costes entre tasas, abogado y procurador de más de 2.600 euros (de los que casi mil corresponden sólo a tasas), lo que en la práctica "puede hacer disuasoria en muchos casos la reclamación judicial". Para los consumidores, este "encarecimiento de la justicia" tiene un "efecto perjudicial", pues a menudo la negativa de las empresas a atender las reclamaciones, a someterse al arbitraje de consumo o la imposibilidad de que la sanción de la Administración contemple la reparación del daño al consumidor, hace que para éste la única vía para reclamar sus derechos sea la judicial.

Para las reclamaciones de consumo, que suelen ser de pequeñas cuantías, pagar 150 euros por presentar la demanda será "del todo disuasorio", según la OCU, por lo que en la práctica se dificulta "al máximo la posibilidad de resarcimiento". "Si el proyecto de ley sale adelante, se van a pagar unas tasas por un servicio con el que los ciudadanos se muestran claramente insatisfechos", según los consumidores, que recuerdan una reciente encuesta en la que el 78% de los consultados se mostraba insatisfecho con la justicia. Las razones de este descontento son la lentitud de los procesos, de 15 a 30 meses de duración; el elevado coste -el coste medio de un juicio era de 8.400 euros, que se verán incrementados con las nuevas tasas- y porque más de un tercio de los encuestados no obtuvo un resultado satisfactorio.

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