El PCTV advierte a Garzón que la petición de suspensión se basa en informes de 2005

  • La representación legal del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) ha advertido al juez Baltasar Garzón que la mayoría de los informes policiales en los que la Fiscalía de la Audiencia Nacional basa su petición se remontan al año 2005.

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La letrada del PCTV, Jone Goiricelaia, destacó ante Garzón que estos indicios se consideraban insuficientes y añadió que los únicos datos nuevos procedentes de la operación llevada a cabo en la localidad guipuzcoana de Segura y de los registros de la sede del partido en Usurbil (Guipúzcoa), se encuentran a día de hoy recurridos debido a que los representantes de la formación los consideran ilegal. 

 Las citadas fuentes destacaron que la Policía y la Guardia Civil mencionan en sus estudios a modo de prueba, la existencia de escuchas telefónicas que, sin embargo, no se han aportado a la causa por lo que no han podido ser analizadas. 

 Goiricelaia defendió, además, que la suspensión penal de las actividades de la formación por orden de la Audiencia Nacional resulta innecesariamente actualmente debido a que la Sala del 61 del Tribunal Supremo estudiará esta misma semana la suspension cautelar del partido a solicitud de la Abogacía del Estado. Por ello, consideró que la suspensión por cinco años vendría a duplicar un proceso ya abierto a raíz de la petición de ilegalización ante el alto tribunal. 

 La abogada expuso también que existen diferencias respaldadas por una amplía jurisprudencia sobre la diferencia existente entre un grupo parlamentario y un partido por lo que consideró que los representantes del PCTV ante el Parlamento Vasco estarían excluídos de la petición de suspensión ya que en ella se menciona únicamente a la formación como tal. 

 Hizo referencia como último argumento al alcance del artículo 129 del Código Penal en virtud del cual Garzón ha celebrado la vista y destacó que éste es únicamente aplicable a empresas, fundaciones y asociaciones. Garzón recurrió a este punto de la legislación para promover la suspensión de Batasuna en 2002. 

 La vista, que se prolongó durante hora y media, contó con la presencia de los representantes de la Fiscalía Vicente González Mota y Dolores Delgado, los abogados de las acusaciones particulares ejercidas por la Asociación Víctimas del Terrorismo y el colectivo Dignidad y Justicia y la representación del partido ejercida por su presidente Juan Carlos Ramos.

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