El Supremo tardaría al menos tres meses en resolver la demanda de ilegalización de ANV

  • Garzón tiene abiertas unas diligencias sobre la relación de ETA con la formación 'abertzale'

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La eventual presentación por parte del Gobierno -a través de la Abogacía del Estado- o de la Fiscalía General del Estado de una demanda de ilegalización contra ANV conllevaría un mínimo tres meses de trámites procesales ante la denominada Sala del 61 del Tribunal Supremo antes de que pudiera dictarse una sentencia al respecto, en cumplimiento de los plazos de la Ley de Partidos.

Si la demanda se admite a trámite, la ley da un plazo de 20 días a la formación afectada para que conteste a la misma, tras lo cual se abriría un periodo de prueba con el fin de practicar las diligencias que requiera cada parte. Después, las partes dispondrán de otros 20 días para alegaciones.

Durante toda esta tramitación, el Supremo podría adoptar medidas cautelares como la suspensión cautelar de actividades del partido hasta el momento de la sentencia. En el caso de Batasuna, la suspensión había sido ya decretada vía penal por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón meses antes de que el alto tribunal acordara la ilegalización de la formación política.

Garzón decretó en agosto de 2002 la citada suspensión, y no fue hasta marzo de 2003 cuando el alto tribunal decidió finalmente su ilegalización en cumplimiento de la Ley de Partidos.

Actualmente el juez Garzón mantiene abiertas unas diligencias secretas sobre ANV y recibe periódicamente informes policiales sobre la existencia de posibles vínculos entre la formación y el entorno de ETA.

El Congreso y el Senado también pueden instar la presentación de la correspondiente demanda, previa deliberación del Consejo de Ministros.

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