El juez del caso Púnica, Manuel García Castellón, suspendió las declaraciones de tres empresarios previstas para ayer, a quienes se investiga por ayudar supuestamente a "encubrir el patrimonio ilícito" del ex consejero madrileño Francisco Granados, entre el que figura su chalé de lujo en Valdemoro. Fuentes jurídicas informaron del aplazamiento de estas citaciones -a las que todavía no se ha fijado fecha- debido a que el Ministerio Fiscal no ha podido asistir a las mismas.

Estaba previsto ayer que declarasen como investigados Consuelo Astasio, Rafael Navarro y Millán Jesús Pradana, administradores de varias sociedades con las que, "a través de artificiosas compraventas de las parcelas" donde se encuentra el chalé de Granados y de su mujer, Nieves Alarcón, intentaron ocultar su verdadera titularidad. Una actuación que, según el juez, podría ser constitutiva de un delito de blanqueo de capitales.

García Castellón explica que el constructor Ramiro Cid, considerado el testaferro de Granados y también investigado en la causa, "asumió" la construcción del chalé del ex consejero -que estuvo más de 2 años y medio en prisión preventiva-, si bien lo registró a nombre de una de sus sociedades, Vicfidem Proyectos. Lo hizo "como contraprestación a los favores fraudulentos obtenidos" por el ex dirigente del PP de Madrid.

Ahora bien, para continuar con la operativa de encubrimiento de la titularidad del chalé, desde 2008 los empresarios investigados intervinieron en sucesivas operativas de compraventa de las parcelas donde se ubica la casa "con el objetivo de desvincularlas del señor Cid".