La aprobación de un proyecto de ley para castigar penalmente la negación del genocidio armenio de 1915 en la Cámara de Diputados francesa provocó una airada respuesta de las autoridades turcas, para las que la votación abrirá "heridas irreparables" en las relaciones bilaterales.

"Desgraciadamente, esta propuesta ha sido adoptada pese a todas nuestras advertencias. Esto abrirá heridas irreparables y muy graves en las relaciones" entre Francia y Turquía, aseguró el primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan. El Gobierno turco también anunció la suspensión de visitas políticas mutuas, el desarrollo de proyectos y ejercicios militares conjuntos y llamó a consultas su embajador en París, quien regresará hoy a Turquía.

"Esta ley equivale a una traición a la historia y a las realidades históricas", condenó el viceprimer ministro turco, Bülent Arinç, en Twitter, estimando que el texto sentencia "el regreso de Francia a los tribunales de la Inquisición"

El ministro armenio de Exteriores, Edouard Nalbandian, manifestó por su parte "la gratitud" de su país. Francia, "adoptando esta ley, ha demostrado de nuevo que no hay prescripción para los crímenes contra la humanidad y que negarlos debe ser castigado", explicó.

El texto fue aprobado a mediodía de ayer a mano alzada por la gran mayoría de los 50 diputados presentes y rechazado por seis legisladores, mientras varios miles de franceses de origen turco se manifestaban en contra a las afueras de la Asamblea Nacional.

Tras la votación, las relaciones franco-turcas quedan alteradas por un tiempo indefinido, en un contexto en el que ambos países intentaban hacer un frente común para obtener el fin de la sangrienta represión en Siria.

El proyecto de ley prevé penas de un año de prisión y multas de 45.000 euros por la negación de los genocidios reconocidos por la legislación francesa, ya sea el de los judíos en la Segunda Guerra Mundial o el de los armenios entre 1915 y 1917. Actualmente, sólo la negación del genocidio judío está castigada penalmente.

Turquía reconoce que hasta 500.000 armenios murieron en los combates y las deportaciones, pero no por una voluntad extrema.

Ankara multiplicó las presiones para impedir que saliera esta ley del Parlamento francés, advirtiendo de la exclusión de los industriales franceses de los mercados turcos y la congelación de la cooperación cultural entre ambos países.

En 2010, Turquía registró cerca de 12.000 millones de euros de intercambio comercial con Francia.

Ankara considera que la ley tiene un componente electoral para conseguir el voto del medio millón de armenios que viven en Francia en las presidenciales de abril, algo que París ha negado.

El presidente francés, Nicolas Sarkozy, es uno de los principales dirigentes que se opone al ingreso de Turquía en la UE y desde su llegada al poder, en 2007, las relaciones franco-turcas han sufrido constantes altibajos.