China aprueba una controvertida ley de control sobre las ONG

  • El país asiático pone en jaque la labor de las organizaciones extranjeras al dar poder a la Policía para gestionar y censurar su trabajo

El Parlamento chino aprobó ayer una controvertida ley para gestionar el trabajo de las ONG extranjeras en el país que, según las afectadas, "acorrala" a la sociedad civil y tendrá un grave impacto en múltiples sectores. Tras un año de discusión, la Asamblea Nacional Popular (ANP) dio luz verde a la nueva legislación al término de su sesión bimensual en Pekín y anunció que entrará en vigor el 1 de enero de 2017.

La ley, muy criticada por Estados Unidos y la Unión Europea, dificulta el trabajo de estas organizaciones y estrecha el control sobre sus actividades, sus miembros y su financiación. Con un texto muy ambiguo, la legislación afecta a "organizaciones sociales no gubernamentales, sin ánimo de lucro, como fundaciones, grupos sociales o think-tanks", pero no a "colegios, hospitales o instituciones académicas o de investigación en ciencias naturales, ingeniería y tecnología; y otras entidades", excluidas del texto final pero aparecían en versiones anteriores.

Los grupos afectados pasan a ser gestionados por la Policía, que deberá aprobar su trabajo y, en cualquier momento, podrá cancelar la actividad que estén llevando a cabo o interrogar al responsable de la organización en China si considera que peligra la seguridad del Estado. Que la Policía sea quien supervise "bastará para disuadir a muchas personas de realizar este tipo de trabajo, especialmente por la manera -sin límites y politizada- en la que China interpreta lo que es una amenaza a la seguridad nacional", dijo Nicholas Bequelin, director de Amnistía Internacional (AI) para Asia Oriental.

La ambigüedad de la legislación sobre qué puede considerarse una amenaza o, incluso, quién puede resultar afectado, ha generado preocupación en múltiples sectores, entre ellos, cámaras de comercio extranjeras y otras asociaciones industriales que en China están registradas como organizaciones sin ánimo de lucro.

Las autoridades defienden que la ley busca proveer un marco legal a las alrededor de 10.000 organizaciones que, hasta ahora, se movían en un área gris, ya que no había una regulación adaptada a su estatus. No obstante, las organizaciones afectadas consideran que la nueva regulación es "enormemente restrictiva" y que refleja la falta de confianza del Gobierno en la sociedad.

El foco, además, no sólo está en las organizaciones extranjeras, sino también en las locales, subraya Lu Jun, reconocido activista y cofundador de la ONG china Yireping, quien tuvo que trasladarse a EEUU recientemente por la persecución de las autoridades.

"Las organizaciones no gubernamentales tienen muchos problemas de financiación en China, dados los estrictos controles a las donaciones, y poca experiencia en este ámbito, así que el dinero y el trabajo de ONG extranjeras es fundamental para el desarrollo de este sector en China", explica. Lu afirma que los grupos más afectados serán los que se dedican a educación, pobreza, protección del medioambiente, asesoría legal o la igualdad de género.

"La ley tendrá menor impacto en organizaciones de derechos humanos, porque éstas ya estaban antes muy controladas por la Policía y tenían un margen de actuación muy limitado", reflexiona. De hecho, grupos como AI o Human Rights Watch no disponen de oficina en el país chino, aunque sí en Hong Kong, región con mayores libertades. Lu augura que cuando la ley entre en vigor se darán más casos de "secuestros" o detenciones que oficialmente no son confirmadas.

Miembros del Parlamento y del Gobierno chinos defendieron el texto de la regulación y el papel de la Policía, "con gran experiencia en tratar asuntos de extranjeros". "Damos la bienvenida a las ONG extranjeras", defendieron una y otra vez ante los periodistas, sin aclarar ninguna duda.

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