El posible juicio político contra la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, cuenta con más defensores que detractores en la comisión de la Cámara baja que estudia esa posibilidad. En ella pesan más los argumentos políticos que los jurídicos, según se desprende del debate. De los 61 diputados que hablaron, 39 defendieron la apertura del juicio con fines de destitución contra Rousseff.

Tan sólo 21 legisladores alegaron que no hay fundamentos jurídicos para la apertura del proceso y que, en caso de que el Congreso prosiga con él, estaría impulsando un golpe, mientras que un parlamentario se mostró indeciso. Pese a que la Comisión tiene que pronunciarse sobre si hay fundamentos jurídicos para la apertura del proceso, en la discusión prácticamente se ignoraron las discusiones técnicas y pesaron más los discursos políticos.