DESDE el pasado mes de febrero, unos doscientos españoles no duermen con tranquilidad. En otros países europeos, el número de los que están padeciendo insomnio es aún mayor. Desde que los servicios de inspección de la Hacienda alemana descubrieran que más de mil acaudalados ciudadanos mantenían cuentas secretas en el Principado de Liechtenstein, se desató un escándalo que ha salpicado a varios países. En Alemania, algunos de los detenidos están en la cárcel; en España, se encuentran bajo investigación.

Liechtenstein es uno de los 35 paraísos fiscales que existen en el mundo. Hasta en el corazón de Europa los encontramos. Las Islas del Canal, Mónaco, Andorra, Gibraltar o Suiza permiten la apertura de cuentas bancarias secretas, sobre las que los bancos no tienen obligación alguna de declarar los titulares, saldos, etc. Sólo excepcionalmente, cuando existen evidencias graves de tráfico de armas, drogas o terrorismo, algunas entidades desvelan información. Pero es una práctica excepcional. La OCDE tiene clasificados a estos pequeños territorios como "cooperativos" o "no cooperativos". Pero incluso los que se encuentran entre los del primer grupo, lo son más nominal que realmente.

A pesar de la existencia de un código de conducta para erradicar las transferencias ilegales de fondos internacionales, aprobado por los propios países de la OCDE, en la práctica, la falta de cooperación de los paraísos fiscales está demostrando la imposibilidad de atajar esas conductas delictivas; conductas que han aumentado espectacularmente durante la pasada y presente décadas. Las privatizaciones de empresas de las antiguas repúblicas soviéticas -especialmente en Rusia-, el florecimiento del tráfico de drogas y de armas y, en general, de todas las actividades que escapan al control de las autoridades hacendísticas han impulsado hasta niveles récord esos flujos de fondos.

En otros casos, la propia debilidad de las autoridades hacendísticas nacionales es la variable que explica el florecimiento de esas prácticas. Argentina padece crónicamente de inestabilidad política y, de manera recurrente, su economía se hunde, devastando el valor de los activos propiedad de sus ciudadanos residentes. La consecuencia es que el valor de los activos financieros que los argentinos poseen en el exterior -gran parte de ellos en paraísos fiscales- supera su propia deuda externa.

Pero es en los países del primer mundo en donde estas prácticas son más sangrantes. No pagar impuestos es un delito. Representa una burla al resto de ciudadanos que pagan hasta el último euro. Los impuestos que ellos no pagan, los paga el resto para financiar el funcionamiento del aparato del Estado del que ellos también se benefician, por el mero hecho de ser residentes en un país. Sanidad, educación, autovías, seguridad; nada de esto es posible si los gobiernos no cuentan con los recursos públicos necesarios para financiarlos.

En España, los principales responsables de la Hacienda central han declarado que este año van a centrar especialmente sus esfuerzos en la lucha contra el fraude fiscal que involucra a esos miniestados especializados en el blanqueo de dinero.

Para que esta iniciativa tenga éxito, España y el resto de países que carecen de paraísos fiscales dentro de sus respectivos territorios de soberanía (Alemania, Estados Unidos, etc.) deberían ejercer la mayor presión sobre el resto, para que las prácticas ilegales que permiten flujos de fondos a escala masiva, desaparezcan. Y que desaparezcan también las estructuras que, muy injustamente, explican que el Estado esté sostenido sólo por los empleados por cuenta ajena, que son los que pagan íntegramente sus impuestos.

Esta situación puede acabarse en cuanto lo deseen los países occidentales. Después de que se descubriera el fraude cometido por ciudadanos alemanes, la actitud de las autoridades de Liechtenstein cambió radicalmente en cuanto el Gobierno alemán advirtió que cambiaría profundamente sus relaciones con el principado, si éste no cooperaba para averiguar el papel que las fundaciones juegan para lavar dinero que escapa al control del fisco alemán. Un país de 35.000 habitantes no tiene nada que hacer frente a un gigante demográfico de 82 millones.

Resulta vergonzante que, para ser admitido como miembro de la OCDE, se requiera a los países candidatos carecer de paraísos fiscales dentro de sus territorios, cuando al mismo tiempo, la mayor parte de los existentes se encuentran bajo el control de los actuales miembros de ese club de países ricos. El Reino Unido, por contar con hasta 10 territorios en donde se lava dinero a gran escala, y Estados Unidos, porque es la potencia que podría ejercer una presión irresistible para acabar con ellos, son los principales responsables de que esta situación se perpetúe.

España, con Andorra en el norte y Gibraltar en el sur, debería ser unos de los países que mayor presión ejerciera para acabar con ellos. Todos aquéllos que están hoy en la cárcel por los escándalos de corrupción en la Costa del Sol deberían tener que viajar un poco más lejos llevando dinero para lavar, en lugar de, como actualmente sucede, coger un coche de lujo y conducir el corto trayecto que media entre la costa malagueña y Gribaltar.