El Ayuntamiento de Arahal tiene ya contabilizados más de 500 chalés y construcciones ilegales en parcelas calificadas como no urbanizables por el vigente planeamiento urbano, una situación que ha dado lugar a una negociación en la que el Gobierno municipal, con el amparo de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, espera acordar con las comunidades de propietarios la instalación de infraestructuras de energía, agua y saneamiento con cargo a los aludidos.

El concejal de Urbanismo, Manuel Bravo (PSIA), informó de que desde que el pasado mes de noviembre comenzara a abordarse el caso de todas estas urbanizaciones y parcelaciones construidas sobre suelos no urbanizables, ya se han detectado más de 500 chalés y edificios ilegales, incluyendo las urbanizaciones de Santa Ello, San Francisco-La Matilla, Pago Redondo, Pago Redondo-Miraflores, El Mantequero, El Recreo de la Lapa, El Rondón, La Banda, La Jareta, La Victoria y Villa de los Caquis, Valleverde, Los Claveles, Olivares Arenal Gordo, La Molinilla, Santo Cristo y El Saltillo.

Desde entonces, según relató, su área ha celebrado numerosas reuniones con los propietarios, la última el pasado 14 de marzo, aconsejando inicialmente que estos vecinos se constituyan en comunidades de propietarios para designar a unos interlocutores "válidos" que lleven el proceso de negociación. Más tarde, el área de Urbanismo ha solicitado a cada urbanización o comunidad información "exhaustiva" de la delimitación de cada finca y de todo lo edificado para ajustar esta realidad física al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), diseñar la instalación de infraestructuras de energía, agua, gas o depuración y reclamar a cada agrupación de vecinos proyectos de "reparcelación y reurbanización" que "cumplan unos mínimos", aunque siempre favoreciendo el procedimiento de regularización de estas viviendas.

Toda esta documentación será entregada a la Consejería para que autorice las modificaciones en el planeamiento urbano, medida que supondrá el reconocimiento administrativo y legal de las construcciones, aunque Manuel Bravo advirtió que los parcelistas y vecinos implicados en ese proceso tendrán que costear tanto la elaboración de estos proyectos de reurbanización como la instalación de los servicios públicos.

"Son unos costes que deben y pueden acometer conjuntamente", dijo Bravo, entendiendo que los afectados "mayoritariamente están convencidos". No obstante, reconoció que se trata de un procedimiento "largo y costoso" y advirtió que el Ayuntamiento "no está dispuesto" a asumir los gastos de la resolución de estos casos.