El equipo de gobierno de Morón de la Frontera (Sevilla) respondió hoy al anuncio de la Fiscalía de Sevilla de solicitar un año y medio de cárcel y nueve años de inhabilitación para el alcalde, Manuel Morilla (PP), y su antecesor, José Párraga (PSOE), por permitir desde 2001 la instalación de varias industrias en un antiguo secadero de algodón, indicando que "se trata de un paso más dentro del proceso judicial y no de una sentencia como algunos ya empiezan a afirmar".

En un comunicado, el primer teniente de alcalde y delegado de Organización, Alfonso Angulo, indicó que el Ayuntamiento confía en la Justicia y está convencido de que "muy pronto todo esto se aclarará y no habrá nada que impida a Manuel Morilla seguir gobernando y trabajando por los moronenses".

El primer teniente de alcalde manifestó su deseo de que "no se haga un uso político de este escrito de la Fiscalía porque Manuel Morilla lo único que ha hecho es dar una licencia de apertura a un negocio que proporcionó trabajo a siete familias de Morón".

La Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico de Sevilla reclama una pena de 18 meses de prisión y nueve años de inhabilitación para el actual alcalde de Morón y su antecesor por autorizar el ejercicio de actividades industriales en suelo rústico.

El Ministerio Fiscal indica que ambos regidores permitieron que en el Polígono 81 del municipio se instalasen actividades industriales a pesar de que el suelo está catalogado como no urbanizable.