El juzgado de lo Penal número 4 de Sevilla ha condenado a 18 meses de prisión al ex alcalde de Burguillos José Juan López por un delito contra la ordenación del territorio por haber concedido licencias para la construcción de unas naves en contra de las normas urbanísticas.

La sentencia condena al ex alcalde pero absuelve a la entonces teniente de alcalde y concejal de Asuntos Sociales Mariana Pérez González.Le condena también a inhabilitación especial para cargo o empleo público durante nueve años. 

El fallo declara como hechos probados que dn Burguillos existía en 2002 una zona llamada "El Estanquillo", que si originalmente estaba clasificada íntegramente como suelo no urbanizable, en parte (35.429 metros cuadrados) pasó a constituir suelo urbanizable, como polígono industrial denominado PPI-1, en virtud de la aprobación definitiva de una modificación de las normas subsidiarias de planeamiento de la localidad. 

El Ayuntamiento de Burguillos aprobó inicialmente un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) el día 19 de diciembre de 2002, aprobado provisionalmente el día 25 de abril de 2005, y definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Andalucía, para modificar esa clasificación urbanística a suelo urbano. 

Según la sentencia, José Juan López era "plenamente consciente" que entre 2001 y 2006 que la norma de planeamiento vigente, y única aplicable, eran las normas subsidiarias de planeamiento, que clasificaban la zona relativa a las manzanas 5, 6 y 7 como no urbanizable, al menos, hasta que recayera aprobación definitiva por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Andalucía. 

Pese a ello, "siendo plenamente consciente de la imposibilidad de conceder licencias para construir naves industriales en esa zona, por ser totalmente contrarias al planeamiento vigente en el municipio de Burguillos, decidió sistemáticamente incumplirlo pese a los informes del técnico municipal y el secretario del Ayuntamiento, que emitieron informes negativos que indicaban la ilegalidad de ese proceder". 

Dice el juez que "sin esperar a que alcanzara vigencia la modificación pretendida, y aún sabiendo que al estar en trámite una modificación que afectaba al sector, la ley le obligaba a suspender la concesión de licencias que afectaran a ese suelo".