Apagones, goteras, inundaciones, derrumbes, ataques de presos a funcionarios y conatos de motín. Todo esto ha sucedido en la cárcel de Morón de la Frontera en el año largo que lleva en funcionamiento. Lo que se inauguró como una de las prisiones más modernas de España parece, un año después, más bien una cárcel construida con demasiadas prisas y que se puso en marcha con una plantilla de funcionarios bastante corta. Fruto de ello es el rosario de incidentes que se han registrado desde septiembre de 2008, cuando comenzaron a llegar los primeros internos.

El episodio más grave fue un conato de motín registrado en agosto, después de que varios apagones dejaran la cárcel sin luz. El sistema de seguridad de la prisión se activa mediante un control eléctrico, por lo que hubo funcionarios que quedaron atrapados en módulos junto a presos. El intenso calor motivó que los reclusos comenzaran a arrojar objetos por las ventanas de las celdas y que algún trabajador tuviera que esquivarlos para evitar resultar herido. En las celdas de la prisión no existe aire acondicionado pero los internos sí tienen derecho a adquirir ventiladores para poder mitigar el fuerte calor, sobre todo durante las noches de verano.

La cárcel cuenta con unos generadores que, en teoría, garantizarían la luz durante al menos dos días en caso de apagones prolongados. Sin embargo, los generadores fallan por un defecto en la construcción y apenas duran diez minutos. Igualmente, fuentes próximas a la prisión apuntaron a este periódico que la dirección general de Instituciones Penitenciarias no dispone de los recursos económicos suficientes para llenar los tanques de combustible que activan los generadores.

Los problemas se multiplican cuando llueve. El pasado 14 de septiembre se inundaron varias dependencias de la cárcel, como el pasillo de entrada a los módulos 5-6 y 7-8, el búnker del 5-6, la lavandería, la cocina, la enfermería y, sobre todo en la oficina de comunicaciones exteriores, cuyo techo llegó a abombarse por la cantidad de agua que retenía.

Las inundaciones volvieron a repetirse el pasado martes, cuando las intensas precipitaciones caídas sobre la provincia de Sevilla anegaron de nuevo parte de la prisión. Cuando esto ocurre, son los internos quienes se encargan de achicar agua barriendo el suelo con cepillos. En una ocasión, los presos tuvieron que recoger el agua acumulada en los patios y zonas comunes de la cárcel porque al día siguiente estaba prevista una visita de la directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo. Fuentes penitenciarias explicaron a este periódico que hay zonas por las que no se puede transitar cada vez que llueve, que hay goteras en las cubiertas y que los desagües no funcionan de manera correcta, por lo que se forman grandes balsas en el suelo.

Los apagones y las inundaciones no son los únicos problemas de la cárcel de Morón, que también ha sufrido desprendimientos y derrumbes. Parte de un techo de cristal de una entreplanta se vino abajo el pasado mes de septiembre y los funcionarios tuvieron que acotar la zona para evitar que nadie se cayera al pasar por allí. Como no tenían nada a mano para delimitar un perímetro, utilizaron sillas.

A todos estos problemas estructurales se le une la falta de personal. Los sindicatos CSI.F y Acaip consideran que faltan entre 80 y 100 funcionarios para cubrir las necesidades de la prisión. Está prevista la llegada de nuevos trabajadores en los próximos meses con futuros traslados, pero este refuerzo no será tal en la práctica porque casi 80 interinos cesarán en marzo. Estos empleados dejarán su trabajo en la prisión al no haber dinero suficente para contratarlos en los presupuestos destinados a Instituciones Penitenciarias, según fuentes sindicales.

Un porcentaje importante de la plantilla tiene previsto además pedir su traslado en los próximos meses por discrepancias con la dirección del centro. Dos funcionarios han presentado denuncias por mobbing contra el director de la prisión, José Vidal, y se encuentran actualmente de baja psicológica. Además, la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) llevó esta semana al juzgado de guardia el expediente abierto a su delegado sindical por informar en un comunicado de prensa de las deficiencias de la prisión. El trabajador tuvo que declarar el pasado jueves ante la dirección del centro e incluso solicitó la presencia de un abogado en esa declaración, una petición que fue denegada.