El secretario general del PP de Sevilla, Eloy Carmona, y el diputado provincial del PP Juan de la Rosa han anunciado este lunes que su formación política estudia recurrir por la vía Contencioso Administrativa las reducciones de horarios consumadas por el Consorcio Metropolitano de Transportes sobre 21 de sus líneas. El recurso, dirigido contra la presidenta del Consorcio, la propia consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, parte de la premisa de que dicha reducción de horarios no tiene "nada que ver" con la "reducción de mejoras del servicio" aprobada por el consejo de administración del Consorcio y habría sido acometida a espaldas de este órgano de gobierno de la entidad. 

El pasado 8 de abril, como es sabido, el Consorcio Metropolitano de Transportes del Área de Sevilla culminó un ajuste a la baja emprendido semanas atrás sobre un total de 21 de sus 56 conexiones. A través de estas reducciones de horarios en 21 líneas regulares de autobús, el Consorcio pretende contrarrestar, según esgrime la Consejería de Fomento y Vivienda como socio mayoritario de la entidad, una deuda de más de nueve millones de euros. Esta deuda, según la Consejería de Fomento y Vivienda, deriva de la caída del número de viajeros y del impago de cuotas en el que incurriría buena parte de los 45 municipios consorciados. 

Ante la polémica suscitada a cuenta de estas reducciones de horarios, la Consejería de Fomento y Vivienda esgrime que las medidas han sido adoptadas sobre "los servicios de mejora" u "oferta adicional de frecuencias de autobuses" introducidas desde 2002, año de creación del Consorcio Metropolitano de Transportes, defendiendo que las horas punta y las conexiones con los grandes centros de servicios públicos han sido eximidos de esta reorganización a la baja. 

Eloy Carmona y Juan de la Rosa han celebrado este lunes una rueda de prensa en la que han desgranado las cifras de estos "recortes" acometidos por el Consorcio Metropolitano de Transportes. En concreto, han explicado que esta reorganización a la baja de las rutas de autobuses metropolitanos afecta "directamente" a 21 municipios pero "indirectamente" a otros 24, siendo concentradas las medidas en los servicios de los fines de semana. Y es que, según han manifestado, esta reorganización reduce un 50 por ciento los servicios ordinarios de los fines de semana en las conexiones afectadas y "suprime" directamente los servicios nocturnos de los fines de semana y días festivos. 

Han hecho una mención especial a la conexiones con la Universidad Pablo de Olavide (UPO), que de diez servicios pierde seis y queda sólo con cuatro. Los usuarios jóvenes y los estudiantes, según avisan los dirigentes populares, son los colectivos más afectados por los "recortes" del Consorcio Metropolitano. Todo ello, según han manifestado, sin que estas medidas concretas hayan sido analizadas y aprobadas en el seno del consejo de administración. 

Aegún Carmona y De la Rosa, el Consorcio Metropolitano de Transportes celebró el pasado mes de julio de 2012 un consejo de administración en el que fue aprobada, entre otras medidas para combatir el rumbo deficitario de la institución, una "reducción de las mejoras del servicio", si bien los populares avisan de que dicho acuerdo no habría contemplado rebajas de horarios en las líneas, sino una reducción de las inversiones relacionadas con la flota de autobuses o las marquesinas, por ejemplo. 

Precisamente por esto, Eloy Carmona y Juan de la Rosa han anunciado que el PP sopesa promover un recurso por la vía Contencioso Administrativa, dirigido a la propia consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, como presidenta del Consorcio Metropolitano, a fin de detener estas medidas. Porque, según su tesis, la reducción de horarios acometida sobre las rutas del Consorcio "no tiene nada que ver" con los aspectos aprobados el pasado mes de julio por el consejo de administración de la entidad. "No han contado con los ayuntamientos", han criticado los dirigentes populares. 

Igualmente, han anunciado que el PP distribuirá "40.000 dípticos" entre la población de los municipios afectados dentro de una "campaña informativa" que, en el plano político, se traducirá en mociones a los plenos de los ayuntamientos adheridos al Consorcio.