Piden seis años al alcalde por gastar 6.320 euros en llamar a su novia

  • El regidor asegura que el móvil lo olvidaba en casa y lo usaba cualquier familiar

La acusación particular ha pedido seis años y nueve meses de cárcel para el alcalde de La Puebla del Río, Julio Álvarez (PSOE), por el presunto gasto de 6.230,82 euros en llamadas a su novia desde su móvil oficial. Fuentes del caso han informado a Efe de que esta petición de la acusación, que ejercen IULV-CA y el Partido Independiente de La Puebla, se une a los cuatro años y nueve meses que ya ha pedido la Fiscalía de Sevilla.

El alcalde y el concejal de Obras y Servicios, Juan Carlos Benítez, serán juzgados por un jurado popular en los próximos meses, al estar acusados de presuntos delitos de malversación de fondos públicos, falsedad documental, ocultación de datos y prevaricación.

Según las acusaciones, el alcalde gastó 6.230,82 euros en llamadas y mensajes SMS a su novia desde su móvil oficial entre septiembre de 1999 y febrero de 2001. El alcalde devolvió dicha cantidad a los cinco meses de ser presentada la denuncia y, en sus declaraciones como imputado, sostuvo que su móvil oficial y particular eran del mismo modelo y que los usó indistintamente, e incluso apuntó que en ocasiones se lo olvidaba en casa y podría haberlo usado cualquier miembro de su familia.

En nombre de la acusación particular, el abogado Emilio Lechuga solicita para Álvarez tres años y nueve meses de cárcel por un presunto delito de malversación de fondos públicos, dos años y seis meses por un delito continuado de falsedad documental, seis meses por una tentativa de sustracción y ocultación de documentos y ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público por prevaricación.

Junto a ello, solicita una multa de 3.300 euros por el presunto delito de falsedad y otra de 900 euros por la ocultación de documentos, así como diversas condenas de inhabilitación para cargo público.

Para Benítez, la acusación pide un año y nueve meses de cárcel por encubrimiento, dos años y medio por un delito continuado de falsedad y tres meses por tentativa de sustracción y ocultación de documentos.

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