El alcalde exige a la Azucarera un plan ambiental de sellado de balsas

  • El edil se muestra flexible a que los suelos tengan otros usos empresariales compatibles con las casas e insta a Ebro a invertir en la zona las ayudas de la UE

El Ayuntamiento de La Rinconada exigirá al Grupo Ebro Puleva un plan de sellado de las balsas de decantado del agua que existen en San José, donde se almacenan los vertidos de la fabricación del azúcar y el alcohol y que originan los malos olores que los vecinos llevan años soportando. Ésta fue una de las novedades que el alcalde, Javier Fernández (PSOE), trasladó ayer al consejero delegado de la compañía, Eugenio Ruiz Gálvez, durante la primera reunión que mantuvieron desde que se dio a conocer que el cierre de la Azucarera sevillana, junto a la de Jerez, será inminente tras los recortes impuestos con la nueva OCM del sector.

El edil reiteró que su prioridad es que haya alternativa para los trabajadores, por lo que exigió a la compañía que las compensaciones de la UE que reciba (se habla de casi 60 millones) se reinviertan en la zona "desmantelada", según indicaron fuentes municipales tras la reunión. Pero Fernández se mostró algo más flexible sobre la reutilización de los suelos que Ebro Puleva tiene junto al casco urbano de San José: 58 hectáreas de las que unas 20 están ocupadas con la fábrica. Si bien no hay intención de variar el PGOU, aprobado hace muy poco y donde quedaron como industriales, aseveró que "la única salida posible a éstos viene de la mano de la compatibilidad del desarrollo urbano". Es decir, un uso empresarial, que compense por los empleos directos e indirectos que se pierdan pero que no tengan impactos perniciosos para la zona residencial contigua.

En lo que respecta al futuro de los trabajadores, el regidor afirmó que considerará "razonable" el plan que obtenga el beneplácito del comité de empresa y se mostró cauteloso ante el borrador que le dejó el consejero delegado, que estuvo acompañado por el director de la fábrica, José Hidalgo. De momento y mientras que los sindicatos no descartan movilizaciones, ha trascendido que sólo mantendrán sus contratos una treintena de trabajadores de la alcoholera, mientras que el resto será prejubilado. No hay alternativas por ahora para los cerca de 70 trabajadores fijos-discontinuos.

Pero incluso el plan que reciba el apoyo de la plantilla debería ir acompañado "por un plan social, de inversión en la zona y de fijación del empleo, de forma que un buen número de familias no tenga ahora que cargar con el lastre de la deslocalización de su puesto de trabajo", insistió Fernández.

Hoy serán los trabajadores de la fábrica los que se reunirán con la empresa para pedirle que mantenga la actividad y llegue a un acuerdo sobre el futuro de la misma con Junta, sindicatos y organizaciones agrarias, ya que consideran que incluso respetando la reducción del 50 por ciento de la cuota remolachera en Andalucía, "se podrían mantener dos fábricas" en la comunidad, ya que actualmente hay 900.000 toneladas contratadas en la región.

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