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Alcalá de Guadaíra

El juez confirma una multa de 450.758 euros por una parcelación ilegal en Alcalá

  • Ponedoras Alcalá habían dividido el terreno en lotes de 1.000 m2 para su venta e incluso construyó un vial principal y dos secundarios, además de un muro perimetral y conducciones de agua potable.

Un juzgado de Sevilla ha confirmado la multa de 450.758 euros impuesta por el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra por una parcelación de suelo no urbanizable.

El Ayuntamiento dice que esta sentencia del juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 de Sevilla supone un hito "relevante" en su "lucha contra las parcelaciones irregulares y su posterior venta, que es el origen de los núcleos urbanísticos fuera de Ley".

El juzgado considera que está ajustada a Derecho la multa impuesta por el consistorio a la entidad Ponedoras Alcalá S.L. por la parcelación de una finca en suelo no urbanizable en 29 participaciones.

La sentencia -según la nota- aclara que la ley prohíbe la realización de parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable, y considera probado que aunque los vendedores no hayan levantado construcción alguna, su intención era la de propiciar un núcleo de población.

A esa conclusión llega la sentencia tras conocer que Ponedoras Alcalá habían dividido el terreno en lotes de mil metros cuadrados para su venta y que construyó incluso un vial principal y dos secundarios, además de un muro perimetral y conducciones de agua potable.

Ante estas circunstancias la sentencia considera que la edificación es la consecuencia ineludible de la parcelación llevada a cabo, dice el comunicado.

Por otra parte, el juez estima que la multa no es nada desproporcionada y que está ajustada a la infracción, considerada como muy grave por la ley.

La venta de los terrenos se cerró en 601.012 euros, precisa el Ayuntamiento, que informa de que sigue realizando expedientes por los distintos núcleos de poblaciones ilegales dentro de su término, y precisamente cinco de ellos han pasado por el pleno de esta mañana.

Según el responsable municipal de Servicios Territoriales, Rafael Chacón, "esta sentencia añade un paso más a la lucha contra las construcciones ilegales, atacando su origen, y supone una apuesta responsable en disciplina urbanística".

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