La oficina 'antidesahucios' de Sevilla ha permitido evitar ya casi 375 desalojos

  • La consejera de Vivienda firma con 17 municipios de la provincia su participación en el Programa, con lo que ya son 129 los ayuntamientos andaluces adheridos.

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La oficina de prevención, intermediación y protección de Sevilla ha evitado 374 desalojos de familias en los primeros seis meses de funcionamiento, tal y como ha destacado la consejera Elena Cortés, quien ha explicado que el Decreto-Ley para Asegurar la Función Social de la Vivienda en vigor desde este viernes permite "reforzar enormemente los servicios que prestan las oficinas del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda". Elena Cortés, que ha firmado el convenio de adhesión con 17 municipios sevillanos, ha subrayado que la nueva norma implica un "cambio radical en el significado propio de la vivienda como un derecho y no como una mercancía" y ha explicado que "ya está teniendo una aplicación inmediata con las primeras solicitudes de familias interesadas en acogerse a la medida que prevé la expropiación temporal del uso de aquellos inmuebles inmersos en ejecuciones hipotecarias iniciadas por entidades financieras".

Durante su intervención, la titular de Fomento y Vivienda ha asegurado que desde su departamento se "continuará trabajando para que ninguna familia se quede sin casa" y ha resaltado que "para desarrollar esa labor necesitamos seguir sumando apoyos a este frente institucional contra la lacra social de los desahucios". Por ello, ha felicitado a los alcaldes de los 17 municipios de Sevilla que se han adherido al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, que en Andalucía cuenta ya con 129 ayuntamientos, así como con el respaldo de la FAMP y de la Diputación de Huelva.  "Desde que comenzamos nuestra andadura en este gobierno de coalición, la Consejería de Fomento y Vivienda ha dado continuamente pasos para luchar contra esta lacra social que afecta a los más débiles", ha asegurado Cortés, que ha recordado, entre otras medidas, la paralización de los desahucios en el parque público de viviendas en casos de empobrecimiento sobrevenido, "una medida inédita" en el ámbito autonómico; la firma de la Iniciativa Legislativa Popular que exige la modificación de la ley hipotecaria y la puesta en marcha del Programa Andaluz de Defensa de la Vivienda, con la apertura de las oficinas en cada provincia. 

Los municipios de Sevilla que se han adherido al programa son Bollullos de la Mitación, Isla Mayor, Aznalcóllar, Santiponce, Villaverde del Río, Almensilla, La Algaba, El Rubio, Morón de la Frontera, Cantillana, El Viso del Alcor, Casariche, Gillena, Herrera, Osuna, El Saucejo y La Rinconada. 

Balance de la oficina de Sevilla

La oficina de prevención, intermediación y protección de Sevilla ha contribuido a evitar desde octubre pasado 374 desahucios. Las 374 personas que han acudido a la oficina en la fase de intermediación continúan en su vivienda. Un total de 121 de estos expedientes se han resuelto ya de forma positiva recurriendo a diversas vías como la negociación de la dación en pago y el alquiler social, la modificación de las condiciones del préstamo hipotecario o la intermediación ante juzgados para la suspensión de la subasta o del lanzamiento.  Los restantes 253 expedientes están en trámite, lo que significa que las familias siguen en sus viviendas mientras se tramita su petición para evitar el desahucio. "El Programa está cumpliendo su objetivo de partida: que las familias que acuden a nosotros no pierdan sus viviendas", ha afirmado Cortés.

En la fase más temprana, en el ámbito de la prevención 77 familias han acudido a estos puntos solicitando información sobre los efectos de los impagos de las rentas de alquiler e hipotecas o sobre las cláusulas abusivas.  En prevención, la atención se presta cuando aún no existe morosidad con la entidad financiera, y es solicitada por familias interesadas en informarse sobre las consecuencias de no pagar las cuotas hipotecarias en el futuro, conocer detalles sobre las condiciones para evitar los desahucios*según la normativa*o pedir asesoramiento sobre posibles cláusulas abusivas en contratos financieros que ya han firmado o prevén firmar. Por otro lado, otras 27 familias que se ha dirigido a la oficina de Sevilla para solicitar protección.

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