La juez de Instrucción número 15 de Sevilla ha procesado al ex alcalde de La Algaba José Luis Vega (IU) y al ex concejal Antonio Muñoz Molina, por el caso del presunto cohecho en el intento de cobro a varios empresarios de una comisión de 60.000 euros a cambio de la concesión de una licencia.

La juez ha emitido un auto en el que acuerda transformar las diligencias previas en un procedimiento contra los dos ex ediles y ha dado un plazo de diez días al fiscal y a la acusación particular que ejerce el Ayuntamiento para que presenten sus escritos de acusación y soliciten la apertura de juicio oral o el archivo de la causa.

En la resolución, la instructora considera que a lo largo de la investigación que ahora llega a su fin ha quedado "acreditado indiciariamente" que el ex regidor algabeño "exigió el pago de una comisión ilícita a los representantes legales de Inversiones Arcopro como condición para otorgar la licencia de primera ocupación" para la construcción de viviendas en una promoción denominada Hoyo Barrero.

El auto señala que el ex edil Antonio Muñoz colaboró con el entonces alcalde en la exigencia de la presunta comisión, que "no llegó a pagarse al negarse los empresarios", si bien la juez añade que el 16 de julio de 2008 José Luis Vega firmó sendos decretos en los que otorgaba las dos licencias "a pesar de que conocía que no procedía tal otorgamiento por no reunir los requisitos legales para ello". Dice la instructora que la oficial mayor del Ayuntamiento se había opuesto en un informe a la concesión de la licencia de primera ocupación porque la urbanización carecía de luz y añade que ese documento "era conocido por el denunciado".

El ex alcalde La Algaba José Luis Vega aseguró en su declaración como imputado que no leyó ese informe de la oficial mayor y sostuvo que "no recuerda" la grabación aportada como prueba por los empresarios que denunciaron el caso. José Luis Vega, que fue candidato de IU en las últimas elecciones municipales, aseguró entonces que "nunca jamás ha condicionado la concesión de una licencia a pago alguno", por lo que defendió que su actuación fue "correcta" y "legal".

Por su parte, los empresarios ratificaron ante la juez que el ex alcalde les pidió el dinero, aunque algunos empresarios indicaron que ese dinero iba destinado al pago de las "tasas" y de unos jardines que no se habían hecho en la urbanización.

Éste es uno de los procedimientos abiertos contra el ex alcalde de La Algaba, a quien la Fiscalía ha pedido ocho años de inhabilitación por presunta prevaricación al haber ordenado a operarios municipales la instalación de un toldo de una cafetería que no tenía autorización, una decisión que el Ministerio Público califica de "caprichosa".