Tras la incertidumbre que marcó los meses previos, la campaña de captura del cangrejo rojo en los arrozales de Isla Mayor y su entorno ha sido relativamente positiva. El Plan de Control de Población del crustaceo en las Marismas del Guadalquivir, que la Junta aprobó tras la sentencia del Tribunal Supremo que prohibía su comercialización por estar catalogado como especie exótica invasora, ha funcionado en líneas generales. Según Valentín Murillo, presidente de la Asociación de Pesca y Acuicultura del Entorno de Doñana y del Bajo Guadalquivir (Apebagua), el cangrejo extraído se ha reducido entre un 15% y un 20% con respecto a 2015, pero porque ha sido una campaña más corta porque llovió en mayo y se retrasó la siembra y la inundación de los campos de arroz, con la que aflora. Arrancó a principios de septiembre y finalizó al inicio noviembre.

Esa disminución ha hecho que el animal se haya pagado más caro, con lo que se ha mantenido el nivel de ingresos de los pescadores. El sector estima que se han creado entre 130.000 y 150.000 jornales. Las dudas sobre si podrían comercializar el producto influyeron, sobre todo, en que las empresas no cerraron sus contratos comerciales hasta agosto, cuando la Junta sacó el plan de control de población para adaptarse a la normativa y a la sentencia del Tribunal Supremo.

Entre otras novedades, este plan prohíbe que el crustaceo salga vivo de la zona, para evitar su propagación, y esto ha supuesto otro cambio con respecto a otras campañas, dado que su presencia en fresco se estaba generalizando en los lineales de muchas grandes superficies como producto de temporada. El mercado nacional de este tipo suponían ya entre el 5 y el 30% de la producción de las empresas, que se ha reducido a favor de la exportación, que superará en este campaña el 80% de media de años previos. Los mercados internacionales siguen demandando el producto.

Sobre el funcionamiento del plan, el presidente de la asociación que agrupa a las cinco empresas transformadoras destaca que, pese a ser el primero que se pone en práctica, la Junta fue "escrupulosa" al redactarlo y tuvo en cuenta la normativa europea y las propuestas de los distintos comités. No obstante, opina que habría que agilizar algunos aspectos para próximas campañas, como los trámites para licencias y la homologación de redes de los pescadores y los cauces de información con las empresas. Murillo también subraya la necesidad de dar un carácter "más científico" al control de población y de definir mejor qué deben hacer las empresas con los animales que no tienen interés comercial y que, con el plan de control, tampoco pueden devolverse al agua.

También hacen un balance positivo de la campaña el representante de los pescadores, José Antonio Muñoz, y el alcalde de Isla Mayor, Juan Molero (PSOE). Éste destaca que, aunque el plan de control supuso algo más de papeleo al principio, no ha traído más trabas para el trabajo de los pescadores, que pasaron a ser "controladores autorizados". Eso sí, de forma previa tuvieron que "precintar" u homologar sus redes, rellenar una declaración responsable, obtener la autorización del agricultor de la zona en la que iban a moverse y de la Junta. Molero valora el trabajo de los técnicos de la Junta y de la Federación de Arroceros para agilizar el proceso. "Ha sido ejemplar", insiste, y subraya que todos los que participan de un sector del que vive el 80% de la población de Isla Mayor llevaban años pidiendo una regulación y que se avanzara en la profesionalización.

Con todo, sigue habiendo preocupación porque, en octubre, Ecologistas en Acción anunció que había presentado un recurso contencioso-administrativo contra la orden de la Junta. El sector se ha personado en el contencioso. Pero tanto Apebagua como el Ayuntamiento de Isla Mayor destacan la necesidad de que se avance en una regulación definitiva a nivel nacional, una vez que el Gobierno central ya no está en funciones.

El alcalde exige que el cangrejo rojo americano se saque del Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Apebagua también reclama que las administraciones públicas realicen los trámites para adaptar la legislación a la normativa europea y a la realidad de las zonas en las que la especie está completamente "naturalizada".