EL DEBATE DE LA VIDEOVIGILANCIA

Mil ojos en la ciudad

  • Varias capitales andaluzas han promovido proyectos de vigilancia con cámaras en la vía pública. Málaga es el único municipio donde está implantado el sistema, desde la primavera de 2007

La ley es clara: usted puede usar una cámara de vigilancia para su seguridad, pero no de cualquier forma. En el ámbito privado, como el salón de una vivienda, no hay limitación. Pero cuando se trata de controlar, por ejemplo, una urbanización de viviendas, sí hay requisitos. Así, es necesario colocar carteles o adhesivos que informen de que allí hay una cámara; el ciudadano grabado tiene derecho a acceder a la cinta y borrar el contenido a él referido; y el registro de imágenes debe ser lo menos invasivo posible. Es decir, que para proteger la entrada a un edificio el enfoque en ningún caso debe de dirigirse a la vía pública, sino al portal, que es el lugar objeto de protección. Aparte, la instalación corre a cargo de una empresa autorizada y los datos deben ser borrados en un mes. En caso de que se detecte alguna anomalía, se debe de dar aviso a la Policía en un máximo de 72 horas.

Por su vulnerabilidad, bancos, puestos de lotería, joyerías o grandes centros comerciales tienen la obligación de instalar cámaras, con las limitaciones expuestas arriba. Pero, aparte de estos establecimientos, lo cierto es que la opción de videovigilar viviendas, empresas o comercios se está convirtiendo en costumbre. Así lo atestiguan las cifras de la Agencia de Protección de Datos. Si en 2000 se registraron cinco ficheros nuevos, que equivalen a titulares responsables de un sistema de videovigilancia, en 2006 se inscribieron 410, en 2007, 4.933 y en lo que llevamos de 2008, 3.096. En total, son 8.871 las empresas o particulares las que se han inscrito para este fin desde 2000, de las cuales 1.032 están en Andalucía. Otro dato elocuente: hasta 2007, la agencia había inspeccionado una veintena de situaciones. Ese año recibió 139 denuncias y desde enero ya hay registradas 112. Se dan todo tipo de casos, desde la instalación irregular de cámaras en bares hasta el vecino que graba su plaza de garaje para saber quién le ha rayado el coche.

Así está el ámbito privado. Lo público, es decir, lo vigilado por las Fuerzas de Seguridad del Estado, va por otro camino. Todos los edificios oficiales y lugares públicos, como un aeropuerto, deben tener protección. También los de especial valor: la Alhambra, por ejemplo, acaba de blindarse con cincuenta cámaras. Pero, ¿qué ocurre cuando se trata de grabar la vía pública? ¿Deben las zonas muy turísticas tener un sistema de videovigilancia? ¿Cómo conciliar seguridad e intimidad en estos casos? En ciudades como Londres y Nueva York hay una cámara enfocando cada tres segundos de paseo. Andalucía está aún muy lejos de eso, y la senda para llegar hasta ahí parece larga.

La única ciudad con videovigilancia en la vía pública es Málaga, desde la primavera de 2007. Diecisiete cámaras están instaladas en las calles más comerciales. Son de las llamadas Domo, con un ángulo de casi 360 grados y colocadas de tal forma que no pueden captar el interior de las viviendas. Aumentan hasta en doscientas veces la imagen y no hay ángulos muertos en las vías en las que han sido colocadas. Todo en la calle está bajo control.

El proyecto de Málaga va más allá y ya hay un plan para ampliar a setenta el número de cámaras. Se presentará, como el ya aprobado, ante la Comisión de Garantías de la Videovigilancia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), cuyo informe, si es desfavorable, es vinculante para la Delegación del Gobierno, el organismo que otorga los permisos. La comisión ha adoptado una política muy restrictiva: ya rechazó dos veces el de Málaga antes de ser aprobado; el de Puerto Banús, en Marbella, ha sido vetado ya en dos ocasiones; y el último en presentarse, el del centro Granada, se ha estrenado con un no por parte de la comisión.

Julio Alba es secretario general de la Delegación del Gobierno y también secretario de la comisión de videovigilancia. "Se es tremendamente restrictivo con este asunto, y la limitación es genérica, salvo en casos muy excepcionales, muy justificados. La petición debe de ser unánime, deben participar de ella el Gobierno, la oposición y los ciudadanos [en Málaga se contó con el apoyo entusiasta de los vecinos] y debe tener todas las garantías de protección. No es lo mismo una calle que una plaza donde hay niños y parejas. Nos han llegado incluso proyectos de videovigilancia para playas, algo que, creemos, no es aceptable". El propio Alba admite que no hay un baremo tasado para aceptar o no una petición. Es al final, el criterio subjetivo de los miembros el que dicta o no la aprobación final. Entre ellos se encuentran el presidente del TSJA, Augusto Méndez de Lugo; el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón; un representante de la Federación de Municipios y Provincias; y un abogado del Estado. La situación varía de una comunidad a otra. En regiones como Madrid, por ejemplo, la tendencia está siendo ahora la de dar el visto bueno a las solicitudes.

Éstas, aunque estén impulsadas por los comerciantes, tienen que ser presentadas por los ayuntamientos, y con argumentos suficientes. Como los de Raquel Ruz, presidenta de Centro Abierto de Granada, para instalar cámaras en 17 calles de la ciudad."En el centro suele haber pequeños hurtos, venta ambulante y de productos falsificados, y mendicidad infantil. Son pequeños delitos que no llegan a ser denunciados, sobre todo porque los sufren los turistas. Pero, sobre todo, se trata de cuidar la imagen de la ciudad". Éste es un razonamiento muy parecido al de los regidores marbellíes para Puerto Banús. De momento, es insuficiente. A Granada se le ha dicho que el proyecto no está justificado por los índices de delincuencia y que no se puede apoyar en la protección del patrimonio porque no hay edificios singulares en la zona. Carlos Enrique Serra es doctor en Derecho Constitucional y autor del libro Derecho a la intimidad y videovigilancia policial (Laberinto). "El Constitucional ha establecido el principio de la proporcionalidad. Sólo se debe de sacrificar la intimidad si eso es necesario para garantizar la seguridad. Por eso la solicitud debe basarse en datos objetivos. No se puede aludir a una prevención general sólo con índices turísticos".

Carlos Rubio, ahora coordinador de Hacienda de Marbella, ha sido el impulsor del proyecto de Puerto Banús, ampliable a San Pedro de Alcántara y Marbella, y también lo fue del de Málaga. Considera un "gravísimo error" que se sea tan restrictivo, pues eso ha provocado que "decenas de pueblos hayan implantado un modelo de videovigilancia, algo para lo que la ley no prevé sanciones". Julio Alba, de la Delegación del Gobierno, afirma que a él no le consta que se esté dando esta situación en Andalucía.

Huelva va a ser la siguiente ciudad en presentar su proyecto, que tiene como novedad el aprovechamiento de las 17 cámaras del Centro de Control Semafórico, usadas para el tráfico y supervisadas por la Policía Local. Le queda un camino largo. Fernando Pérez Lozano, de la Federación Onubense de Empresarios, afirma que mañana mismo, en la Mesa del Comercio, el Ayuntamiento mostrará el proyecto final, ya con presupuesto incluido. Confía en que esté en marcha en un año. Seguramente será más tiempo. "Nunca se aprueban a la primera", afirma Raquel Ruz, en un reconocimiento implícito de que, pese a los defectos, al final se acaban aceptando. Para el de Málaga, por ejemplo, fue definitivo el apoyo explícito de la Subdelegación del Gobierno.

Málaga es la pionera, y Marbella, Huelva y Granada, las candidatas. También lo es Almería, con un proyecto presentado por los comerciantes, con 23 cámaras en 14 calles y del que se está a la espera de la implicación financiera del Ayuntamiento. E iba a serlo Sevilla, pero IU, el socio de Gobierno del PSOE, lo ha rechazado, con el argumento de que debe primar la libertad sobre la seguridad. Esto ha frustrado a los comerciantes, que llevaban dos años de estudios para implantar el sistema en la parte más comercial del centro e, incluso, ampliarlo a los polígonos industriales. "Al final se hará, porque es la tendencia. Rechazarlo es como decir ‘no queremos luz eléctrica en Sevilla porque no creemos en ella", dice Enrique Arias, presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro. Una cámara cada tres segundos de paseo en Londres. ¿Será ese el futuro en Andalucía?

El año pasado, un grupo de vecinos de la calle Montera, en Madrid, decidió grabar imágenes de las actividades de prostitución en la zona y difundirlas por internet. Todo el que así lo quiso pudo ver en Youtube hasta 32 vídeos, en los que se mostraban desde peleas entre meretrices hasta entradas de clientes en edificios habilitados como lupanares. Los vecinos, hartos, expresaron así su protesta por la situación que soportaban, pero lo hicieron de forma ilegal. La Agencia de Protección de Datos incoó un expediente de oficio, aún pendiente de resolución, que puede suponer una multa de hasta 600.000 euros.

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