El titular del juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha declarado causa de especial complejidad la investigación de la denominada operación Madeja sobre el pago de comisiones a cambio de adjudicaciones de obras públicas, una trama centrada en la empresa Fitonovo y que se extendió a 12 provincias.

En un auto que tiene fecha del 1 de junio, el magistrado ha atendido la petición de la Fiscalía para declarar compleja la causa y, en consecuencia, ha ampliado el plazo de duración de la instrucción hasta el 6 de junio del año 2017, aunque el instructor explica en la resolución que este plazo se ha fijado "salvo que proceda su prórroga", dado que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que introdujo los plazos en la instrucción penal admite otra prórroga por 18 meses más.

El magistrado recuerda que esta causa cumple los requisitos para ser declarada compleja y así señala que la investigación tiene por objeto delitos de blanqueo de capitales, organización o grupo criminal, contra la Hacienda Pública, prevaricación, fraudes y exacciones ilegales, malversación de caudales públicos, falsedad documental y otros.

"El caso investiga la existencia de un presunto grupo u organización criminal, que involucra a gran cantidad de investigados y numerosos hechos punibles, exige la realización de pericias o de colaboraciones que implican el examen de abundante documentación o complicados análisis, así como el libramiento de numerosas comisiones rogatorias internacionales y otros instrumentos de cooperación jurídica internacional, y precisa la revisión de la gestión de personas jurídicas", añade José de la Mata, que ha decidido prorrogar la instrucción en principio por otros doce meses.

En enero pasado, el titular del juzgado Central de Instrucción número 5 nombró a tres peritos para que investigasen las cantidades que ha podido defraudar a Hacienda y a la Seguridad Social de la empresa Fitonovo, informe cuya elaboración no ha concluido. En concreto, el juez designó a un funcionario de la delegación especial de la Agencia Tributaria de Andalucía y a dos funcionarios de la dirección general de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para que prestasen auxilio judicial al juzgado con la elaboración de estos informes periciales, y también pidió a la Agencia Estatal para la Administración Tributaria (AEAT) para que designase un segundo funcionario que colaborase en la investigación.

El primero de los informes periciales encargados versa sobre las "consecuencias tributarias de los hechos cometidos a través de la mercantil Finotovo, consistentes en la deducción de facturas falsas y la llevanza de doble contabilidad para encubrir el pago de comisiones, hechos que podrían venir desarrollándose durante los ejercicios 2000 a 2013, calculando para cada ejercicio en los impuestos sobre sociedades y sobre el valor añadido, las cantidades en su caso defraudadas".

El segundo informe, requerido a los peritos de la Tesorería General de la Seguridad Social se centra en las consecuencias de los hechos cometidos a través de Fitonovo, "consistentes en los pagos no declarados a sus trabajadores en el marco de la doble contabilidad que servía para encubrir el pago de comisiones", que se habrían desarrollado en el mismo periodo de tiempo, entre 2000 y 2013. El juez pidió que se calculasen las cantidades defraudadas por cuotas de seguridad social y conceptos de recaudación conjunta.

A la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el magistrado reclamó también informes "individualizados" en los que los investigadores deben aportar los elementos que determinen "por cada funcionario o autoridad pública objeto de investigación en la causa cuál ha sido su intervención en los procedimientos de contratación pública que los vincula con Fitonovo".

En el sumario de la operación Madeja se investiga una organización criminal que habría actuado en 12 provincias españolas pagando hasta 4,3 millones de euros en comisiones, sobornos o dádivas a funcionarios y cargos públicos a cambio de favores en la adjudicación de contratos con distintas administraciones públicas.

La juez Mercedes Alaya, que instruyó esta macrocausa, aseguró en su auto de inhibición que las investigaciones practicadas en la operación Madeja destaparon un "entramado" que giraba en torno a la empresa matriz Fitonovo y a sus directivos Rafael González Palomo, posteriormente a su hijo José Antonio González Baró, quien comenzó a compartir la dirección en 2007 para asumirla por completo en 2001. También formaron parte de la directiva el cuñado de Rafael González, Juan Andrés Brugueras Foye, se encargó de una gran parcela de la contratación de la empresa, con numerosos comerciales a su cargo, y el adjunto a la dirección Ángel Manuel Macedo Gajete.

Para el pago de las "ilícitas comisiones", que se remontan al año 1995 y llegan hasta 2013, se fraguó en la empresa la creación de la denominada Caja B, de la que "salían las diferentes dádivas que ascendieron aproximadamente a los 4.300.000 euros, y que se nutría mediante el pago de facturas falsas giradas por un número importante de empresas que a su vez recibían bonificaciones por estos servicios". De la organización de la Caja B, que especifica todos los pagos realizados "con el máximo detalle", se encargaba el "hombre de confianza", Ángel Manuel Macedo Gajete, que también pedía las "facturas falsas", según apuntó en su resolución la juez Alaya.