La Audiencia Nacional ha reclamado las cuentas bancarias de los ex portavoces municipales de IU en el Ayuntamiento de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos y José Manuel García, en el marco de la investigación abierta por la denominada operación Madeja, en la que se investiga el pago de mordidas a funcionarios públicos a cambio de favores en los contratos de distintas administraciones públicas.

El titular del juzgado Central de Instrucción número 5, José de la Mata, dictó el pasado martes un auto en el que acordó librar un oficio a la Agencia Tributaria para que aporte, en soporte digital, "los productos financieros" de los que sean titulares o autorizados los ex portavoces municipales de IU Antonio Rodrigo Torrijos y José Manuel García, así como de Antonio Miguel Ruiz Carmona, el que fuera representante de IU en la comisión de Mercados Ambulantes del Ayuntamiento.

La investigación de las cuentas de estos tres miembros de esta formación política se circunscribe al periodo comprendido entre los años 2010 y 2011, según el auto dictado por el juez De la Mata.

En el marco de la investigación de la denominada operación Enredadera -la tercera fase de la Madeja-, la entonces titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla Mercedes Alaya llegó a la conclusión de que Izquierda Unida había recibido mordidas por importe de 155.000 euros en dos pagos, uno de los cuales, de 70.000 euros, habría sido realizado el 30 de marzo de 2010 y que fue entregado en una caja de zapatos; mientras que el segundo, de 85.000 euros, se pagó el 18 de febrero de 2011. De ahí que el rastreo de los productos financieros de los investigados se concrete a los años 2010 y 2011.

En uno de los autos relacionados con la operación Enredadera, Alaya aseguró que Antonio Rodrigo Torrijos y José Manuel García fueron los dirigentes políticos que "habrían reclamado" a través de Antonio Miguel Ruiz Carmona la "dádiva" a la empresa Fitonovo, unas acusaciones que la instructora sustentó en las conversaciones telefónicas interceptadas entre el dueño de Fitonovo, Rafael González Palomo, y Ángel Manuel Macedo Gajete, adjunto a la dirección de la sociedad y coordinador de los pagos realizados desde la Caja B de la empresa.

En el caso de Izquierda Unida, la comisión se habría exigido como compensación por la adjudicación a Fitonovo de la instalación de césped artificial para 11 campos de fútbol y otros contratos por un importe de 6,9 millones de euros y que fueron adjudicados el 3 de abril de 2009 por el Instituto Municipal de Deportes cuando José Manuel García era concejal de Juventud y Deportes y Antonio Rodrigo Torrijos primer teniente de alcalde.

A lo largo de la instrucción de la causa en los juzgados de Sevilla, la defensa de Torrijos siempre ha insistido en que no hay la "más mínima prueba" de que Torrijos diera instrucciones al otro imputado para solicitar alguna comisión para el partido, y añadía que por el hecho de que Torrijos ostentara un cargo directivo en el partido y en el Ayuntamiento pudiera ser identificado como la persona que reclamó la dádiva, llegando a criticar el "imaginativo relato" de la instructora.

En el mismo auto en el que acuerda la investigación de las cuentas de Torrijos, el juez De la Mata ha requerido a varias entidades bancarias para que informen a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre determinados movimientos detectados en las cuentas de otro de los investigados, el ex gerente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en Sevilla Antonio Rodríguez Jurado. El juez pregunta expresamente por varios cheques ingresados en sus cuentas entre los años 2003 y 2006.