Siete meses después de las elecciones municipales del 27-M, el Ayuntamiento de Sevilla, gobernado en coalición por PSOE e IU, sigue sin hacer público el patrimonio de los concejales que integran la nueva Corporación y todo ello a pesar de las obligaciones que establece la nueva ley del Suelo. Esta normativa, que entró en vigor el 1 de julio, un mes después de las municipales, obliga a los representantes locales y a los miembros no electos de la junta de gobierno a declarar sus bienes patrimoniales, su participación en sociedades, las posibles incompatibilidades y las actividades que pueden generarles ingresos.

El hecho de que el Consistorio no haya hecho públicas estas declaraciones no quiere decir que los ediles no hayan cumplido con sus obligaciones, puesto que los 33 concejales que forman la Corporación local han satisfecho los requisitos legales y han puesto a disposición del secretario municipal estas declaraciones, según han confirmado los distintos grupos municipales.

Siete meses después de que entrara en vigor la ley y de que los propios concejales entregaran la documentación, el Ayuntamiento aún no ha incorporado esta información a la página web municipal. Así, en el espacio reservado para la publicación de las declaraciones de bienes de los miembros de la Corporación local y de los directores y gerentes sigue apareciendo, cuando se intenta acceder al mismo, el siguiente mensaje: "El contenido de esta página está en renovación. Rogamos disculpen las molestias ocasionadas" (sic).

Las declaraciones patrimoniales de los concejales hispalenses ya fueron objeto de polémica en el anterior mandado, en el que los ediles del grupo municipal del PP se negaron a autorizar que esta información se colgara en la página web del Ayuntamiento, aunque ofrecieron todos los datos a los periodistas en una rueda de prensa convocada ex profeso.

La ley 8/2007, del Suelo, fue presentada en esta legislatura por el Gobierno del PSOE como una de las novedades más importante en la lucha contra la corrupción e introducía de forma casi desapercibida, en una de sus disposiciones adicionales, modificaciones significativas que afectan a las declaraciones de los bienes y actividades de los concejales de las corporaciones locales.

En concreto, la disposición adicional novena modificó el artículo 75.7 de la ley reguladora de las bases de régimen local para incluir la obligación para los representantes locales y los miembros no electos de la junta de gobierno local de formular la declaración sobre causas de incompatibilidad y cualquier actividad que pueda proporcionarles ingresos. También se incluye la obligación de declarar sus bienes patrimoniales y la participación "en sociedades de todo tipo, con información de las sociedades por ellas participadas y de las liquidaciones de los impuestos sobre la renta, patrimonio y, en su caso, sociedades".

La nueva normativa del Suelo introduce igualmente otro apartado que señala que durante los dos años siguientes a dejar el Ayuntamiento los concejales no podrán trabajar para sociedades privadas relacionadas con el cargo desempeñado. Las declaraciones, según especifica la ley, se llevarán a cabo antes de la toma de posesión, con ocasión del cese y al final del mandato, así como cuando se modifiquen las circunstancias de hecho que afecten a los miembros de las corporaciones.