El juez decano de Sevilla, Francisco Guerrero, ha convocado para este jueves una junta de jueces de los órganos de lo Contencioso-administrativo con la finalidad de estudiar la situación de colapso en la que se encuentran estos juzgados y adoptar las medidas oportunas para proceder a la autorregulación de la carga de trabajo y a la limitación de los señalamientos de los juicios. Esta medida fue acordada por la junta general de jueces de Sevilla, en la reunión que mantuvieron el pasado 21 de septiembre y con la que la carrera judicial y también la fiscal han dado un ultimátum al Gobierno para repetir la histórica huelga de 2009.

Además de esta junta sectorial de los jueces de lo Contencioso, el decano ha convocado el próximo martes, día 9, otra junta con los jueces de Primera Instancia, de lo Mercantil y el del Registro Civil. A estas juntas seguirán otras durante las próximas semanas en las que se reunirán los jueces de Instrucción y de Violencia sobre la Mujer, los destinados en los órganos Penales, de lo Social, Menores y Vigilancia Penitenciaria.

El decano de los jueces explicó que la situación actual del colectivo sigue siendo la misma, tras el "decepcionante" encuentro que la Comisión Nacional de Jueces Decanos -que integra a 15 decanos de las principales ciudades- mantuvieron el pasado lunes con el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, quien se remitió a los acuerdos que pueda adoptar el Pleno del máximo órgano de gobierno de los jueces. Francisco Guerrero precisó que los jueces decanos de España mantendrán entre el 5 y el 7 de noviembre una reunión en Barcelona, y apuntó que en ese encuentro puede acordarse si se convocan nuevas juntas generales de jueces o se adoptan otras medidas "en atención a cómo sigan las negociaciones".

Las nuevas movilizaciones en la carrera se remonta a la reunión de la junta general de jueces del pasado 21 de septiembre, que tuvo lugar de forma simultánea en todo el país, y en la que los jueces mostraron su "malestar" por la situación de colapso en la que siguen sumidos los juzgados tres años después de la huelga con la que se reclamaron más medios y personal tras los errores del caso Mari Luz. Los carrera judicial y fiscal, que en esta ocasión se ha unido a las movilizaciones, también denuncia los recortes estatutarios y salariales acordados por el Ministerio, la falta de inversiones en la Justicia y el "vaciamiento" de funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Si las negociaciones no prosperan durante el mes de octubre, los jueces no descartan la adopción de medidas de presión más contundentes, entre las que no se descartan los paros parciales, las concentraciones y una reedición de la huelga de febrero de 2009. Mientras tanto, los jueces decidieron cumplir estrictamente los horarios y la celebración de las juntas sectoriales para autorregular el trabajo y limitar los señalamientos de juicios.