El fin de las ayudas a promotores de vivienda protegida en 2012 ha llevado a Emvisesa, la Empresa de la Vivienda del Ayuntamiento, a suprimir la protección a una promoción de 40 pisos protegidos (VPO) que construyó en Sevilla Este. Sin recibir los 2 millones de euros previstos inicialmente del Plan Estatal de Vivienda, la empresa admite que ante este cambio en las condiciones de financiación del proyecto, le resultaba "inviable" gestionarlo como actuación protegida sin el apoyo de las administraciones, según el expediente aprobado en junio pasado al que ha tenido acceso este periódico.

La desaparición de estas 40 VPO agrava aún más la falta de vivienda protegida que existe en la capital, con una lista de espera que supera las 12.000 personas, según los datos del registro de demandantes de vivienda ofrecidos por el propio Ayuntamiento. El problema es mayor por la escasez de pisos de alquiler públicos que son los que tienen más demanda por parte de las familias, ya que la compra resulta imposible por la ausencia de crédito bancario.

Emvisesa logró en junio de 2013 la supresión de la calificación por parte de Urbanismo, pero la empresa municipal mantiene que "no renuncia a plantear otra solicitud de vivienda protegida al amparo de los futuros planes de vivienda".

Este bloque situado entre las calles Flor de Papel y Flor de Azalea se ha convertido en residencia universitaria con un total de 32 apartamentos en alquiler para estudiantes a un precio de 250 euros al mes por piso compartido y 480 euros por piso individual, una cantidad reducida en comparación con los 600 euros que cobran otras residencias de este tipo en la ciudad. Los becados pagan únicamente 200 euros al mes.

En el expediente, Emvisesa asegura que las previsiones económicas de ingresos son buenas en un futuro. Según sus estimaciones, los ingresos iniciales permitirán cubrir "sólo los costes directos de explotación del edificio, aunque en un futuro se prevé que la actuación pueda generar un mayor margen para cubrir los gastos de amortización del edificio". Si está completa, la residencia reportará de 96.000 a 184.000 euros al año al Ayuntamiento de Sevilla.

La empresa municipal de la vivienda rechaza que este cambio de VPO a residencia universitaria sea para obtener más ingresos y defiende que lo hace para dar alojamiento a precio asequible. "La actuación no tiene un fin lucrativo, siendo el objeto de la misma dar un servicio a la comunidad universitaria que se desplace a la ciudad de Sevilla a un precio asequible". Y añade Emvisesa que al poner en uso el edificio persigue "proteger, conservar y asegurar el buen uso del mismo, evitando actuaciones contrarias a su uso o que impliquen su deterioro, degradación o menoscabo, lo que redunda en la defensa del patrimonio municipal".

Con el nombre de Rue32, la residencia inició su actividad el pasado mes de junio con zonas y servicios comunes y asistenciales, lo que explica que las 40 VPO se hayan quedado en 32 apartamentos. Ofrece 30 alojamientos con habitación doble equipados y 2 para estudiantes con movilidad reducida, completamente adaptados, para uso compartido o individual.

Según explica la web de la residencia (www.residenciauniversitariarue32.com), los estudiantes que residan en ella dispondrán de servicio de limpieza tres veces en semana, wifi en todas las estancias, aire acondicionado y calefacción, cocina completamente equipada en cada alojamiento, TV de 32 pulgadas y otras ventajas. Todos los alojamientos incluyen en el precio de alquiler los consumos de agua, electricidad y traslados a la Universidad. El parking vale de 20 a 30 euros, según sea moto o coche.

Las ayudas estatales que finalmente no llegaron a la promoción de las 40 VPO consistían en 247.370 euros, más una subsidiación en el tipo de interés del préstamo hipotecario por cada vivienda en alquiler a 25 años de 36.317 euros. Las ayudas autonómicas eran una subsidiación en el tipo de interés del préstamo hipotecariode 31.959 euros anuales.