La Fiscalía de Sevilla ha solicitado 20 años de cárcel para José Eugenio Alcarazo Fernández, el hombre que fue detenido el día 16 de julio del pasado año 2015 en la capital hispalense como presunto autor de la muerte a cuchilladas del vicario parroquial de San Isidoro, Antonio Carlos Martínez Pérez. En este sentido, fuentes del caso han informado de que, en el escrito de acusación elevado al Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, el Ministerio Público pide para el imputado 20 años de cárcel a cuenta de un presunto delito de asesinato. 

La juez de Instrucción número 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez, abrió la pasada semana juicio oral contra el acusado y le ha reclamado una fianza de 200.000 euros para hacer frente a las posibles indemnizaciones a los familiares del presbítero, que tenía 75 años.

En el auto dictado por la magistrada se recoge entre los hechos que serán sometidos a un jurado popular que el sacerdote fue hallado muerto en el portal de su domicilio, en la calle Francisco Carrión Mejías, sobre las 20:07 horas del 16 de julio del año pasado. El cadáver presentaba, según informe del médico forense, nueve  heridas por arma blanca de tipo inciso-punzante y que son compatibles con el arma intervenida por la Policía Científica cuando procedieron a la detención del acusado y aportada para su examen. Las heridas se localizan en hemitórax izquierdo y región abdominal y afectan a órganos torácicos y abdominales (pericardio, corazón, hígado e intestino grueso), así como al miembro superior izquierdo.

La juez precisa que la herida directamente relacionada con el mecanismo de la muerte es la producida en la región torácica izquierda por la afectación cardíaca, lo que provocó una gran hemorragia interna dando lugar a una hipovolemia aguda, un shock hipovolémico. Las heridas producidas en miembro superior izquierdo (mano, antebrazo y brazo) son sugestivas de "lesiones típicas de defensa, en un intento de parar acometidas y de sujetar el arma, dando lugar a lesiones de carácter cortante y punzante", y detonan igualmente "una situación de lucha-defensa con respecto a su agresor".

La instructora explica además que los testigos presenciales habían observado que el agresor se marchó en un Seat Altea, con matrícula 0699-FXS y que es propiedad del acusado, José Eugenio Alcarazo Fernández, quien confesó en una llamada telefónica a su esposa –sobrina del sacerdote- que"había cosido a puñaladas a su tío".

La Policía interceptó, sobre las 20:14 horas, el vehículo del procesado en la esquina de la calle San Vicente de Paúl, que portaba dos cuchillos de cocina que ese mismo día había comprado en un bazar chino en la calle Santa Cecilia. Examinada la camisa que portaba el fallecido, ésta presenta tres cortes por penetración en su parte anterior y otra en su parte posterior, cortes que son compatible con alguno de los dos cuchillos intervenidos.

La juez recuerda en el auto de apertura de juicio oral que, tras los oportunos análisis, fueron encontrados restos de ADN del fallecido en la empuñadura y hoja con restos de sangre de uno de los cuchillos intervenidos, en la sangre recogida del antebrazo izquierdo y esclava mano derecha del acusado, en los restos de sangre de la alfombrilla del coche y en la camisa que llevaba al ser detenido. También se evidenció ADN del acusado en la empuñadura del mismo cuchillo.

En el auto, la juez reclama una fianza de 200.000 euros al acusado, para hacer frente a las posibles indemnizaciones a los familiares del sacerdote, en concreto, a su hermano y a sus cinco sobrinos por los daños y perjuicios causados.

La Fiscalía de Sevilla imputó en su momento un delito de asesinato a José Eugenio Alcarazo Fernández, al considerar que el acusado siguió un "plan preconcebido" para acabar con la vida del presbítero. La Fiscalía esgrimió para atribuirle este delito, entre otros argumentos, que la misma tarde del crimen José Eugenio compró los dos cuchillos con los que cometería el asesinato en una bazar chino de Triana, así como que "esperó" al sacerdote en la Plaza de San Leandro, lo siguió hasta su domicilio y cuando la víctima se disponía a entrar en su casa le asestó varias puñaladas "con la intención de acabar con su vida".

Un informe del psiquiatra forense del Instituto de Medicina Legal (IML) de Sevilla confirmó que el presunto asesino padece un trastorno adaptativo de la personalidad, que altera su capacidad volitiva pero en el fondo sabía lo que hacía. Ese trastorno no afectó su capacidad de conocer los hechos objeto de investigación pero si su capacidad de querer la cual se encontraba limitada en grado moderado, asegura la juez en el auto.