La Audiencia de Sevilla enjuicia el próximo jueves a cuatro policías locales de Sevilla que se enfrentan a una condena de cinco años de prisión por haber defraudado presuntamente 5.038,75 euros al Ayuntamiento con el cobro de dietas falsas por asistencia a juicios. La Fiscalía atribuye a los agentes un delito continuado de falsedad en documento público en concurso medial con otro delito de fraude y exacciones ilegales.

La Fiscalía acusa a los agentes Enrique B. J., Antonio C. M., Emilio J. M. y Gerardo P. C., que en su día pertenecían al Grupo Giralda -la unidad especializada que patrulla de paisano en el centro-, de haber "tramado un plan" para cobrar las dietas por asistencia a juicio entre los años 2007 y 2011, año en el que se suspendió el abono de las dietas por el maltrecho estado de las arcas públicas. Hasta el verano de 2011, el Consistorio abonaba 34,75 euros a los agentes por asistir a actos judiciales fuera de las horas de servicio.

Según el Ministerio Público, los cuatro agentes simularon la "asistencia a tales actos cuando efectivamente no asistían, utilizando diferentes caminos para cobrar las dietas".

En ocasiones, estando citados en el atestado los policías locales correctamente, "no comparecen a juicio y, sin embargo, sellan la autocitación", y otras veces, "no estando citados a juicio, confeccionan una cédula de autocitación y proceden a su sellado, rellenando y presentando para su certificación al funcionario competente los correspondientes cajetines documentales que estaban en las cédulas de citación, en las que también habían estampado en ocasiones el sello del juzgado correspondiente" o utilizando el mismo método, usan en otras "un sello manipulado de forma tal que impide conocer a qué juzgado pertenece".

La Fiscalía señala que también actuaron falsificando íntegramente las citaciones, reproduciéndolas de forma fotomecánica mediante una impresora para dar verosimilitud a la asistencia, además de manipular el sello de entrada de documentos en las dependencias de la Policía Local para conseguir la finalidad dicha o presentar certificaciones u otro documento habiendo falseado la firma del correspondiente secretario judicial.

Los policías imputados utilizaron este método en 19 de los 20 juzgados de Instrucción de Sevilla, el único donde no falsificaron las dietas fue en el juzgado de Instrucción número 6, que entonces dirigía la juez Mercedes Alaya, que ya por entonces había iniciado la investigación de la macrocausa de los ERE.

La Fiscalía reclama una condena de cinco años de cárcel para cada uno de los acusados, a los que solicita además una multa de 2.880 euros y la inhabilitación para el ejercicio de la función de policía por otros cinco años. Además exige una indemnización al Ayuntamiento de 5.038,75 euros, cantidad total que percibieron indebidamente, de los cuales uno solo recibió 2.328,25 euros y el que menos 799,25.

Esta investigación fue iniciada por la Fiscalía en una de las primeras actuaciones del Grupo Especial de Policía Local (Gepol), la unidad de asuntos internos que posteriormente adquirió una gran relevancia con la investigación del fraude en las oposiciones, en la que hay 37 policías procesados.