La Junta deniega al Metro los 156 millones que pide por sobrecostes

  • El Gobierno andaluz pone fin a cinco años de litigio con la concesionaria de la línea 1 que comenzó en 2007 · Ratifica que los retrasos se deben a las empresas y a causas imprevistas que ya se compensaron

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El Gobierno andaluz ha puesto fin definitivamente a cinco largos años de litigio con la concesionaria del Metro de Sevilla a cuenta de quién es responsable del sobrecoste por los retrasos de la línea 1. Por contrato debía inaugurarse en 2006 (26 de mayo) pero en la práctica se demoró hasta 2009 (en tres fases: 2 de abril, 19 de septiembre y 23 de noviembre). La Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía resolvió ayer denegar el pago de 156 millones de euros que la concesionaria Metro de Sevilla reclama por los sobrecostes que generó la construcción.

La resolución se produce tras conocer que el Consejo Consultivo de Andalucía, órgano asesor de la Junta, ha ratificado que tal decisión del Ejecutivo andaluz es "ajustada a Derecho" y que no cabe indemnizar. En su informe del 23 de noviembre estima que no procede indemnización alguna por considerar que los retrasos se deben, en unos casos, a la sociedad concesionaria y, en otros, a circunstancias imprevistas o nuevas que en su día se compensaron debidamente a la adjudicataria del proyecto, construcción y explotación de la línea.

Según el texto del dictamen analizado por este periódico, la concesionaria, liderada por Sacyr y Dragados, reclamaba a la administración 145.704.576 euros "por sobrecostes derivados de los costes directos de mano de obra, maquinaria y hormigones, incrementos de gastos generales y costes indirectos derivados del retraso en la ejecución de las obras". También reclamaba una compensación de 10.269.217 euros "por el incremento del precio del acero en la ejecución de las obras que excedía del inicialmente establecido en el contrato de concesión.

En tercer lugar, pedían "la prórroga del contrato de concesión por el tiempo necesario para compensarle en la ejecución de las obras". Más allá de los 35 años.

El enfrentamiento entre la Junta y la concesionaria tuvo su origen el 25 de junio de 2007, cuando ambas firman nuevas fechas para terminar las obras y de puesta en servicio: el 30 de septiembre de 2008 los tramos del Aljarafe y Sevilla hasta Condequinto, y 26 meses y 30 meses respectivamente (desde la fecha del acta de replanteo) el resto de Montequinto y la estación Puerta de Jerez. La Junta fijó en ese acuerdo que la responsabilidad sobre las causas del retraso y el sobrecoste se analizaría una vez acabada la obra.

Metro de Sevilla presentó escritos ante la Administración el 8 de octubre de 2009 y 4 de febrero de 2011 en los que pedía compensación económica a Obras Públicas por considerar imputable a la Administración los retrasos durante las obras. La línea sobrepasó mas de tres años el plazo de finalización original.

A raíz de esta reclamación, la Agencia de Obra Pública abrió un expediente contradictorio que resolvió de forma provisional el pasado septiembre desestimando la reclamación. Metro de Sevilla tuvo plazo para presentar sus alegaciones a esa resolución.

La Consejería pidió el 8 de noviembre al Consejo Consultivo un dictamen para fundamentar con más base la resolución definitiva.

El Consultivo achaca en unos casos "la responsabilidad de la sociedad concesionaria en los retrasos sufridos" y, en otros, a "la existencia de circunstancias imprevistas o nuevas que han supuesto reformados en el proyecto inicial pero que han sido debidamente resarcidos mediante la inclusión de los nuevos costes y mediante la ampliación de plazos de ejecución o incluso que han implicado una modificación total del proyecto originario con la aprobación de un nuevo proyecto y con precios nuevos sujetos a mercado". Dice que la Administración ya ha restablecido el equilibrio económico-financiero del contrato en aquellas causas que le han sido imputables. La Línea 1 se adjudicó en 2003 por 428 millones de euros a la oferta de la concesionaria. Diferentes mejoras y cambios sustanciales al anteproyecto, tanto a petición de la Administración como de la propia empresa, elevaron la inversión a 658 millones. La concesionaria pedía cobrar otros 156 millones más.

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