La gran sevilla La vivienda protegida se convierte en la gran prioridad de la Junta

Obras Públicas planea ejecutar de forma directa las grandes bolsas residenciales

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La VPO es la principal prioridad política. Quieran o no quieran los ayuntamientos del área metropolitana de Sevilla. La Junta de Andalucía pretende dar un giro total al mercado inmobiliario de la Gran Sevilla -durante los últimos tiempos escorado hacia las urbanizaciones de renta libre en perjuicio de las promociones protegidas- para que éste atienda de una vez las necesidades de la población metropolitana, que apenas si tiene capacidad económica para adquirir una vivienda en el mercado libre o, cuando puede, se ve obligada a realizar un esfuerzo mayúsculo. Casi épico.

La estrategia para lograr este objetivo -una directriz política del presidente de la Junta hecha a sólo tres meses de las próximas elecciones autonómicas- consiste en acordar con los ayuntamientos la liberación de distintas bolsas de suelo para usos residenciales siempre que éstos sean en régimen de VPO. En esta línea precisamente va la modificación del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) que estudia la Consejería de Obras Públicas, que implicaría introducir un ratio diferente de población -a efectos de límite- para los proyectos de vivienda protegida, así como una nueva gradación -sobre los topes máximos ya fijados- para los municipios cuya población real sea inferior a los 10.000 habitantes. También se autorizarán nuevas áreas de oportunidad de VPO.

Todo debe conducir, por tanto, a que durante los próximos años la oferta de viviendas protegidas en el área metropolitana crezca. Ésta es la misión del recientemente creado Consorcio Metropolitano de Vivienda de Sevilla, que ordenará estas políticas municipales con un criterio supramunicipal para evitar la agresiva competencia entre los distintos ayuntamientos del área metropolitana con el fin de atraer proyectos inmobiliarios privados con independencia de la capacidad de acogida de su red de equipamientos o de infraestructuras tan importantes como las carreteras.

¿Pero qué hará la Junta de Andalucía si los acuerdos municipales no funcionan como se espera? Pues acometer de forma directa la ejecución de las grandes bolsas residenciales que se han reservado ya dentro del Plan Metropolitano. Hasta ahora la Junta, pese a sus competencias de control sobre la ordenación del territorio, dependía en este punto de los ayuntamientos, que son los encargados de la planificación urbanística. Obras Públicas podía corregir las propuestas municipales pero no obligar a los ayuntamientos a calificar suelo de una determinada manera, competencia ésta exclusiva de los municipios. El Plan Territorial de la Gran Sevilla viene a cambiar este escenario, ya que, en base a la legislación vigente de ordenación del territorio de Andalucía, abre la posibilidad de declarar "de interés metropolitano" estas operaciones, lo que -jurídicamente hablando- obligaría a los consistorios a incorporarlas "de forma automática" a su planeamiento. Obras Públicas se convertiría a partir de ese momento en una especie de autoridad única de índole urbanística que desarrollaría estas promociones públicas bajo un criterio único, con independencia del término municipal donde se encuentren estos terrenos. Se trata de una opción política a largo plazo -a corto lo lógico es que sean los ayuntamientos y el sector privado quienes colaboren en estos proyectos- a activar en el caso de que un cambio de ciclo económico vuelva a poner en crisis la construcción de VPO. Estas bolsas de suelo -que serían expropiadas y pasarían a formar el patrimonio autonómico- se ubican en Dos Hermanas, La Rinconada y Alcalá de Guadaíra.

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