El PP pide multas de hasta 3.000 euros para los clientes de la prostitución callejera

  • Las alegaciones presentadas por el PP a la ordenanza antivandálica tienen en cuenta también a los menores, "testigos de esta exhibición diaria, y persiguen garantizar la convivencia en los espacios públicos".

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El PP del Ayuntamiento de Sevilla apuesta por sancionar con multas de 751 a 1.500 euros a los clientes de la prostitución y por considerar "falta grave" la práctica de "relaciones sexuales retribuidas" en la calle, estableciendo para ello sanciones de entre 1.501 y 3.000 euros.

Así se recoge en las alegaciones que han presentado los populares a la ordenanza antivandálica, que, según ha criticado el portavoz municipal del PP, Juan Ignacio Zoido, no recoge "ni una sola línea" dedicada al ejercicio de la prostitución en la calle.

Según ha indicado Zoido en una visita a Santo Domingo de la Calzada, una zona de Nervión con numerosa prostitución, las alegaciones del PP a la ordenanza "tienen en cuenta la situación de marginación y de explotación sexual a la que se encuentran sometidas estas personas, tienen en cuenta también a los menores para que no tengan que ser testigos de esta exhibición diaria, y también persiguen garantizar la convivencia en los espacios públicos".

"La ordenanza de convivencia es buena pero se olvida de la prostitución", ha dicho Zoido, que considera que hay que recoger esta "práctica" en la nueva norma porque "está provocando problemas de convivencia" en lugares como Santo Domingo de la Calzada.

Para el portavoz del PP, "la prostitución es una cuestión que hay que abordar desde distintas perspectivas y con una apuesta firme y decidida de las Administraciones, y que además exige soluciones a medio y largo plazo".

Las enmiendas del PP, ha recalcado Zoido, persiguen "sancionar a los clientes y no a las prostitutas".

En sus alegaciones, además de pedir que se multe a los clientes y la práctica de relaciones sexuales a cambio de dinero en la calle, el portavoz popular pide que la Policía Local "se encargue de recordar a las personas que ejercen esta profesión que dichas prácticas están prohibidas por la presente ordenanza, además de informarles sobre instituciones públicas y privadas que les ofrecen asistencia social".

Según Zoido, "muchas de estas personas tienen esta manera de ganarse la vida y están explotadas sexualmente, por lo que hay que ponerlas en contacto con estos centros para que puedan atender sus casos".

Igualmente, los populares reclaman un programa socio-laboral tanto para las personas que ejercen la prostitución como para los gorrillas, que se encuentran también en "situación de marginalidad".

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