El PP exige el rastreo de los concursos de VPO, arreglo de calles y la ITV

  • La oposición sitúa a Monteseirín y a Marchena "en el centro de la corrupción" de la mayor operación urbanística de Sevilla · Pérez vincula el caso al de las facturas falsas

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Si la declaración del nuevo testigo en la investigación judicial del caso Macarena indica que las adjudicaciones de VPO, del mantenimiento de calles de Sevilla e incluso de la apertura de instalaciones de Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) fueron monedas de cambio para comprar derechos de superficie con vistas al desarrollo urbanístico de los suelos de Mercasevilla, ¿lo fueron en otras ocasiones?, ¿se llegó a amañar algún concurso público? Eso mismo se preguntó ayer la oposición municipal de Sevilla, cuyo portavoz adjunto, Beltrán Pérez, conminó al gobierno local de Sevilla y a la propia Junta de Andalucía a que rastrearan las licitaciones y adjudicaciones en esos tres campos en los últimos años para saber si se han ofertado a otros empresarios y detectar posibles irregularidades en la resolución de los concursos públicos.

La declaración ante la Policía Judicial del socio mayoritario de la empresa Larena 98, Antonio Pardal Reyes, da una vuelta de tuerca a la investigación judicial del caso Mercasevilla al asegurar que le ofrecieron una ITV, varias adjudicaciones de VPO y los servicios de mantenimiento de las calles de Sevilla a cambio de la cesión de un derecho de superficie para construir naves en suelos del Mercado Central de Abastos, promesas que le fueron hechas, entre otros, por los directivos de Mercasevilla ya imputados -Fernando Mellet y Daniel Ponce-, por el asesor del alcalde Domingo Enrique Castaño -también imputado- y por dos nuevas personas que entran a formar parte de la investigación: el ex gerente de Urbanismo y actual vicepresidente de la agrupación de empresas municipales (AIE), Manuel Marchena; y un director general de la Junta de Andalucía todavía por identificar.

Beltrán Pérez apuntó ayer alto: al alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, a quien volvió a pedir su dimisión "porque es técnica y políticamente imposible que no controlase esta operación". En este sentido, acusó al regidor y a su gobierno de "reírse de los ciudadanos, puesto que es incomprensible que con la dimensión que está tomando el caso Mercasevilla todavía no haya ni una dimisión". Recordó que la petición de imputaciones que solicitó el PP en la querella que abrió la causa judicial del caso se está cumpliendo persona por persona con el tiempo -la oposición había solicitado, además de las de Mellet y Ponce, que fueron admitidas, las de Castaño, Monteseirín y Marchena, que fueron desestimadas-. El edil dijo que el asesor del alcalde, Domingo Enrique Castaño, fue imputado posteriormente, lo que aventuró sucederá ahora con Monteseirín y Marchena con este "espectacular giro".

Sobre Manuel Marchena, remachó que "a nadie se le escapa que es el brazo ejecutor del alcalde" y que "manda más que siete u ocho concejales juntos del gobierno".

El portavoz de la oposición aseveró que el caso Mercasevilla está conectado con el de las facturas falsas de la Macarena y con el de Unidad, porque Mellet, Marín y Castaño "han pasado por cada uno de los escenarios del mapa de la corrupción: el distrito Macarena, la federación vecinal Unidad, Vía Pública y el consejo de Mercasevilla".

Asimismo, Pérez se preguntó retóricamente "¿qué dirán ahora Monteseirín y Marchena sobre las declaraciones del testigo del ofrecimiento de adjudicaciones?", ya que agregó que "ofrecer contratos que deben ser sometidos a concurso público es delito". También se dirigió a la Junta, a la que interpeló por las adjudicaciones de las ITV en Andalucía y por argumentos para contrarrestar las acusaciones realizadas por el representante de la empresa Larena 98.

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