El PSOE, personado como acusación popular en el caso del supuesto intento de cobro de una comisión ilegal de 450.000 euros a dos empresarios del Grupo La Raza como condición para ser adjudicatarios de la escuela de hostelería de Mercasevilla, se ha opuesto a que sea un jurado popular el que enjuicie a los cuatro acusados, ya que defiende que no eran funcionarios públicos en el momento de los hechos y "en estricta aplicación del principio de legalidad no pueden ser juzgados conforme a lo preceptuado en la Ley Orgánica del Jurado".

En el juicio, se sentarán en el banquillo de los acusados el ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet; su antiguo director adjunto, Daniel Ponce; el exdelegado provincial de la Consejería de Empleo Antonio Rivas y María Regla Pereira, coordinadora de proyectos de la ya extinta Fundación Socioasistencial de Mercasevilla cuando ocurrieron los hechos, para cada uno de los cuales la Fiscalía pide una sanción de 900.000 euros y la suspensión de empleo o cargo público por un periodo de 21 meses a cuenta de un presunto delito de cohecho. 

En un escrito elevado ante el Tribunal del Jurado el pasado 28 de noviembre, el letrado del PSOE, Ángel María Prados, pone de manifiesto que, "con independencia de que, a esta parte, le resulte objetivamente indiferente que el juicio se lleve a efecto con jurado o por el órgano técnico judicial competente", el principio de legalidad "se vulnera" cuando se atribuye a Ponce, Mellet y Pereira la condición de funcionarios públicos, "de la que carecen". 

Así, "y con independencia de que no tengan la condición técnica laboral de funcionarios públicos, tampoco Ponce y Mellet pueden ser asimilados a la condición de funcionarios públicos, aplicando sistemáticamente la copiosa jurisprudencia existente", ya que "es incuestionable que no son designados directamente por autoridad competente ni por funcionario público habilitado al efecto, por lo que carecen de la condición de asimilados a funcionarios públicos a efectos penales". 

En efecto, según prosigue el abogado del PSOE, Fernando Mellet "es designado como director por el Consejo de la entidad, careciendo el alcalde de Sevilla de mayoría suficiente para efectuar la designación directa al no tener accionariado suficiente para ello", añadiendo que, "con mucha más razón, no tienen la condición de asimilados a funcionarios públicos Ponce y Pereira, designados directamente por Mellet". 

De otro lado, el PSOE se abstiene "expresamente" de formular alegaciones respecto de la presunta nulidad de la grabación del cohecho solicitada por los letrados de Mellet y Ponce, aunque "entendemos que, con independencia de que pudiera eventualmente declararse la nulidad, existe suficiente material probatorio para mantener con seriedad la pretensión punitiva contra Mellet y Ponce", citando entre este material la reunión previa del 16 de enero de 2009 entre Ponce, Pereira y el empresario Pedro Sánchez Cuerda "en la que ya se había solicitado, presuntamente de forma ilícita, la referida comisión". 

El PSOE solicita para Mellet y Ponce dos años de cárcel y 18.000 euros de multa por un delito de estafa cualificada en grado de tentativa, exculpando a los otros dos imputados. 

En el auto de apertura de juicio oral, la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, consideró que "la comisión ilícita presuntamente se reclamó ya fuera para su enriquecimiento propio, para la Junta, para el partido político que la gobierna o para cualquier destino desconocido". 

En este sentido, la juez pone de manifiesto que "el relato desarrollado en las testificales" de los empresarios del Grupo La Raza Pedro Sánchez Cuerda y José Ignacio de Rojas "y el contenido de la grabación sobre las maneras en que se reclamaron" los pagos "son tan expresivas, tan directas, tan burdas, que representan de manera probable un claro ejemplo de corrupción".

La juez realiza un relato de los hechos y explica que, tras la concesión a la Fundación Mercasevilla en diciembre de 2008 de la subvención para la escuela de hostelería, Rivas "se puso en contacto telefónico" con Mellet "para comunicarle la concesión de la subvención y, de común acuerdo, decidieron exigir a los empresarios, con ilícito ánimo de lucro, una comisión de 300.000 euros por haber sido la empresa elegida para la gestión de la escuela", añadiendo que en enero de 2009 "Rivas vuelve a contactar telefónicamente con Mellet y le recuerda la comisión que había que reclamarles" a los dos empresarios. 

Tras comunicarle este último la decisión a Ponce, éste se reunió con Sánchez Cuerda y "le exigió que debía entregar 300.000 euros como comisión a abonar a la Junta, explicándole que era como contraprestación a la subvención concedida por ésta, pues los que dan piden, y que también deberían costear sin factura la acometida eléctrica de la escuela de hostelería, que ascendía a 150.000 euros", todo ello en un encuentro en el que, según la juez, estuvo presente Regla Pereira, "reforzando con su presencia los requerimientos de su compañero". 

El empresario, "sorprendido", le solicitó a Ponce una reunión con Mellet, la cual se celebró el 27 de enero de 2009 en el despacho de éste último, estando presentes tanto Mellet como Ponce y los dos empresarios. En esta cita, que fue grabada por los afectados, Ponce "comenzó exponiendo de nuevo ambas exigencias, diciéndoles que a la Junta siempre hay que destinar una parte de lo que se recibe como una especie de impuesto, y que si colaboraban con la Junta todos los cursos de formación futuros se les subvencionarían", ante lo que Mellet "asintió y apostilló", afirmando que la Junta y todas las administraciones "funcionaban así, tratando de convencer a los empresarios de la lógica de la comisión requerida".