Mercasevilla

Sanma dio casi un millón para el ERE de 2007 de Mercasevilla

  • Las averiguaciones de Mercedes Alaya conectan con que la empresa Sanma, filial de Sando, se alzó con una adjudicación por la que ha sido imputado Torrijos.

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La juez Mercedes Alaya, que investiga las supuestas irregularidades perpetradas en la sociedad gestora del mercado central hispalense, Mercasevilla, durante la gestión desplegada por los ex directivos Fernando Mellet y Daniel Ponce, ha señalado que Sanma Desarrollos Urbanísticos, adjudicataria de los suelos del mercado mediante un concurso sometido a estas diligencias, "abonó" a esta sociedad mixta 987.000 euros para "financiar el plan de prejubilación" del expediente de regulación de empleo (ERE) promovido en 2007 por la propia empresa y también inmerso en la investigación.

El expediente de regulación de empleo acordado en 2007 por Mercasevilla, participada mayoritariamente por el Ayuntamiento y la sociedad estatal Mercasa, tuvo un coste de 9.046.976,95 euros convertido en pasivo para la empresa al haberse desligado la Consejería de Empleo de la financiación del procedimiento, pese a que en la documentación figuraba como principal fuente de los pagos. A este ERE, de cualquier modo, se adhirieron aproximadamente 40 empleados que accedieron a la prejubilación, aunque al poco, sus rentas quedaron en el aire a cuenta del citado posicionamiento de la Consejería de Empleo.

La investigación del ERE de 2007, de hecho, está incluida en las diligencias incoadas por la juez Mercedes Alaya relativas al posible delito societario perpetrado por los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, imputados tanto en estas actuaciones como en el presunto intento de cobro de comisiones ilegales y las posibles irregularidades de la enajenación de los suelos del mercado central. Además, en este expediente de regulación de empleo fue prejubilado el ex miembro de la ejecutiva socialista de Baeza (Jaén) Antonio Garrido Santoyo, quien jamás ha formado parte de la plantilla de Mercasevilla. 

En cuanto a la financiación de las prejubilaciones, aunque el entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, había firmado entre 2007 y 2008 varios documentos mostrando la "conformidad" de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social en cuanto al libramiento de fondos para las prejubilaciones de varios trabajadores de Mercasevilla acogidos al ERE de 2007, el vigente director general de Trabajo y Seguridad Social, Daniel Rivera, advierte en un documento oficial de que estos actos firmados por Guerrero, fueron "meros actos de comunicación huérfanos del sustento de cualquier resolución o convenio".

De cualquier manera, en el marco de las diligencias relativas a las supuestas irregularidades detectadas en el concurso promovido por Mercasevilla para enajenar sus suelos, el pasado miércoles la juez Mercedes Alaya tomaba declaración como testigo al que fuera secretario general del Ayuntamiento hispalense Venancio Gutiérrez Colomina. Y es que desde su cargo, Gutiérrez Colomina fue además secretario del consejo de administración de la sociedad mixta entre 2000 y 2007.

Mientras Sanma Desarrollos Urbanísticos, filial del grupo Sando, se alzó con la adjudicación de los terrenos pese a que al concurso concurría una oferta superior en términos económicos -algo que provocó la imputación del portavoz de IU, Antonio Rodrigo Torrijos, por entonces teniente de alcalde-. Durante la comparecencia de Gutiérrez Colomina, la juez Mercedes Alaya habría conectado en una de sus preguntas a este testigo las líneas de investigación correspondientes a este concurso público y al ERE de 2007.

Según el acta de declaración del ex secretario general del Ayuntamiento la juez interrogó a Gutiérrez Colomina si fue consciente de que "Sanma ha abonado a Mercasevilla cantidades tan importantes como 229.000 euros, 987.000 euros y 851.000 euros, la segunda para una cuestión tan dispar como financiar el plan de prejubilación del segundo ERE de Mercasevilla".

Por su parte, Sanma se ha desvinculado del uso que hiciera la lonja del importe del contrato de opción de compra firmado entre ambas partes.

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