Los vecinos de la comunidad de las Avenidas, en la Macarena, han presentado una denuncia en el juzgado contra el gerente de Urbanismo Alberto de Leopoldo Rodado, y contra el delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, a los que atribuyen la presunta comisión de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por haber autorizado el cerramiento de varias calles -Avenida Sánchez Pizjuán, Brillante, Diamante y Coral- de la barrida de San Francisco de Asís.

En la denuncia, que investiga el juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla, los vecinos sostienen que se han producido "múltiples irregularidades e ilegalidades", entre las que destacan que la comunidad de propietarios afectada no ha depositado ninguna fianza por las operaciones relacionadas con el alumbrado público, que asciende a 10.786,63 euros.

Los vecinos subrayan además que el Ayuntamiento ha concedido un periodo de adaptación de la licencia de obras a la intercomunidad de propietarios San Francisco de Asís durante tres años, período en el que se ha permitido el "uso privado del alumbrado público, pagando todos los sevillanos con los impuestos el suministro de luz que abastecen a esta barriada privatizada irregularmente, consintiendo además que los cuadros de mando de las instalaciones públicas queden aislados" dentro de la zona ahora privatizada, aseveran.

Los denunciantes hacen hincapié en que la Gerencia de Urbanismo no se ha pronunciado sobre la accesibilidad de los vehículos de Bomberos en caso de siniestro, por lo que consideran que "se encuentra en un peligro potencial toda la zona, ya que en caso de incendio no se sabe si es posible el acceso de los camiones de bomberos y otros vehículos de urgencias".

El cerramiento de varias calles, con la instalación de bolardos, ha ocasionado asimismo un "auténtico caos circulatorio en las calles aledañas, sin que la Gerencia de Urbanismo haya solicitado informe a la Delegación de Movilidad del Ayuntamiento", máxime cuando se trataba de unos viales abiertos al tráfico rodado de toda la ciudad duran más de 40 años.

Para los vecinos, la licencia de obra concedida "encubre en realidad una licencia de aparcamiento en superficie" y denuncian que con este "caprichoso" cerramiento se está impidiendo el acceso de los propietarios a sus calles mediante vehículos -ya que sólo pueden acceder con sus vehículos los vecinos que hayan pagado una cuota de 200 euros anuales-, además de que hay locales comerciales que han quedado "aislados en el interior del recinto".

Los vecinos dicen que se ha tenido que abrir al tráfico una calle sin salida -la calle Topacio-, lo que ha obligado a Urbanismo a realizar una obra civil "importante", con la colocación de semáforos, pintura de asfalto y colocación de señales "para favorecer el privilegio creado en favor de la intercomunidad San Francisco de Asís y todo sufragado con el dinero de todos los sevillanos".

El abogado de los denunciantes, Juan Silva de los Reyes, se preguntó ayer por qué el Consistorio ha establecido "el privilegio para esta barriada al privatizar los viales mientras que el alumbrado público lo tienen que pagar los sevillanos durante tres años, además de por qué se fija este periodo temporal". De la misma forma, el letrado cuestiona en "qué normativa legal" se ha apoyado el Ayuntamiento y quien emitió el informe jurídico que avala esta excepción.