A falta de cuatro meses para que se celebre en San Petersburgo la reunión de la Unesco donde se podría arrebatar a Sevilla su título de Patrimonio de la Humanidad, el Ayuntamiento ha movido ya sus fichas en el complicado tablero donde se juega el futuro del rascacielos promovido por Cajasol en la isla de la Cartuja. El alcalde, Juan Ignacio Zoido, advirtió este martes que el Ayuntamiento "no tiene dinero para pagar" una indemnización a la promotora si finalmente se paralizan las obras y se obliga a revisar la altura de la torre diseñada por César Pelli, aunque admitió que la entidad financiera está en su derecho de solicitarla.

Éste fue el primer movimiento después de haber sido el propio Ayuntamiento el que solicitara la paralización de las obras y ofreciera a Cajasol negociar la altura. El segundo fue apelar a la responsabilidad de las otras dos administraciones públicas, como de la promotora, para evitar que se ponga en riesgo el patrimonio hispalense y todo lo que ello conlleva desde el punto de vista turístico y económico. "Me tienen que ayudar el resto de administraciones y la promotora porque no quiero hacer una medida arbitraria como la paralización de la torre sin causa legal, pero tampoco quiero pasar a la historia como el alcalde de Sevilla que permitió que su zona patrimonial perdiera ese carácter", apuntó Zoido en un desayuno informativo de Fórum Europa celebrado en Madrid.

El escenario no fue casual. Tras la llegada de Mariano Rajoy al Gobierno de la nación, Zoido ya parece tener garantizado el apoyo del Ministerio de Cultura; ahora el Ayuntamiento confía en el cambio en la Junta de Andalucía para poder ir de la mano de ambas administraciones ante la ONU y defender que Sevilla merece conservar su catalogación como Patrimonio de la Humanidad a pesar del rascacielos cuyo impacto sobre la Giralda y el conjunto histórico parece ya indiscutible. No obstante, el equipo de Zoido cree que si además consigue unir en la causa a la promotora, será más fácil convencer a la Unesco y conseguir que la torre se mantenga sin suponer ningún riesgo para la ciudad.

¿Y cómo? ¿Con la misma altura o rebajada? Según algunas fuentes consultadas, sería la propia Cajasol la primera interesada en desmochar la torre pues en la actual situación de crisis económica ocupar el cien por cien del espacio del edificio diseñado parece una misión imposible y a muy largo plazo, lo que podría llevar a la ruina a la entidad. Por lo tanto, su estrategia consistiría en tensar la cuerda al máximo para conseguir una indemnización que compensara las pérdidas y la posible reclamación que podría plantear también el arquitecto César Pelli por tener que modificar su proyecto. Y, mientras tanto, las obras siguen y seguirán, sobre todo, en el edificio anexo al rascacielos que probablemente siga subiendo -ya van 18 plantas- al menos hasta una altura que no suponga riesgos, y los 101 metros de la Giralda son referente, para así no tener que derribar ni afrontar más gastos de los previstos.

Por lo tanto, quedan al menos cuatro meses de tira y afloja en los que ambas partes, el Ayuntamiento por un lado y por otro Cajasol, intentarán llegar a un acuerdo y aunar sus posturas. Por eso ayer Zoido pidió "tiempo" y recordó que la solución no es fácil cuando en seis años no se ha podido resolver este problema e Icomos sigue informando en contra manteniendo una discusión permanente con la Unesco.

Además, hasta las elecciones autonómicas de marzo, Zoido intentará sacar rentabilidad política al conflicto recordando al Gobierno andaluz su responsabilidad en la polémica. Así, el PP insiste en que sólo ha heredado un problema de un anterior gobierno que, seis años atrás, dio el visto bueno al proyecto enmarcado en un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que contó con el respaldo de la Junta de Andalucía, gobernada por el mismo partido. "No puede mirar para otro lado", apuntó este martes de nuevo Zoido, a lo que el portavoz del grupo socialista, Juan Espadas, respondió que sólo él es el responsable.

La polémica tendrá un largo recorrido dentro y fuera de Sevilla. De hecho, diarios como el británico The Guardian ya se han hecho eco de este conflicto de intereses.