La Audiencia de Sevilla ha condenado a un padre y su hijo a cuatro años de cárcel por estafar en la venta de cinco plazas de garaje aprovechando la gran demanda que tenían en la zona y pese a que su construcción no estaba autorizada.

Una sentencia de la Sección Primera de la Audiencia, dice que los acusados Juan Javier C.B. y Juan Amador C.M. vendieron en junio del 2007 a una compradora cuatro plazas de garaje en la calle Genaro Parladé de Sevilla por 138.000 euros y a otro cliente otra plaza por importe de 35.000 euros.

La realidad es que dichas plazas de garaje no estaban construidas ni recogidas en la división horizontal de inmueble, ni los acusados disponían de la preceptiva licencia de obras de la Gerencia de Urbanismo, y además en la Comunidad de Propietarios "existían cierta oposición a la ejecución de tales plazas de garaje".

Segun los jueces, los acusados "anunciaron y vendieron" esas plazas "a sabiendas de la gran demanda de aparcamientos en la zona", y ocultaron a los compradores que, aunque su empresa era propietaria del sótano y semisótano del inmueble, la finca estaba gravada con una hipoteca del BBVA que finalmente fue ejecutada.

El abogado que ejerció la acusación en nombre de los afectados, Julián Rabadán, ha informado de que la Gerencia de Urbanismo paralizó las obras y el 25 de febrero del 2009 denegó la licencia, por lo que sus clientes no han podido tomar posesión de las plazas ni han recuperado su dinero.

El tribunal considera "determinante" la ocultación de los gravámenes que pesaban sobre la finca, algo que los procesados hicieron "consciente e intencionadamente".

La sentencia cree demostrado el delito de estafa por la "puesta en escena que efectuaron los acusados para dar apariencia de solvencia, exhibiendo de manera apabullante" una supuesta "documentación en regla" y asegurando que poseían el permiso de la Comunidad de Propietarios, a la vez que "afeaban" a los compradores su petición de aval y otras objeciones que les hicieron.

Los jueces valoran la gravedad del delito de estafa porque los afectados "se han visto desposeídos de sus ahorros, por las molestias y gastos de todo tipo que ello les ha acarreado", y se han visto obligados a entablar procedimientos civiles y penales, pese a los cuales no han conseguido recuperar su dinero.

Junto a ello, la sentencia recoge la "perseverancia en el propósito criminal que han denotado los acusados".

Por ello, son condenados por dos delitos de estafa a sendas penas de un año y nueve meses de cárcel y otra de dos años y tres meses, junto a la devolución de las cantidades estafadas, incrementadas en el interés legal.