La batalla de las estadísticas

  • El Gobierno dice que la delincuencia ha descendido un 3% en 2007, pero esa bajada responde a la suma de delitos y faltas · La asociación de guardias civiles denuncia que en realidad los delitos crecieron un 4%

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Falta un mes para las elecciones y el goteo de porcentajes, datos y estadísticas sobre seguridad ciudadana empieza a no cesar. Interior anuncia el lunes que la criminalidad ha experimentado un descenso en la provincia de Sevilla durante la legislatura y al día siguiente aparece el delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, apuntando que la delincuencia bajó un 3 por ciento en el último año. Así lo avanzó ayer el delegado en la toma de posesión del nuevo coronel de la Guardia Civil de Montequinto, Laurentino Ceña Coro.

Pero nada más. Un dato suelto, una cifra aislada que poco aporta sacada de contexto. La opacidad sobre las estadísticas de seguridad ciudadana ha sido una tendencia constante durante todo este mandato, al menos en lo que se refiere a la provincia de Sevilla. Se sabe que, según el delegado del Gobierno, la delincuencia bajó y que hay 29,2 infracciones por cada mil habitantes, una tasa inferior a la del total de la comunidad andaluza, que está en torno a 36. Pero no se conoce qué tipo de delitos fueron los más frecuentes, ni en qué zonas de la provincia o de la capital se dieron determinadas modalidades delictivas, ni cómo ha sido la evolución de cada infracción, ni cuántas personas se han detenido por cada delito...

Ese descenso del 3 por ciento del que habla López Garzón corresponde a la suma de delitos y faltas, es decir, al cómputo global de las infracciones penales. Con esto se está equiparando, por ejemplo, una pelea entre vecinos que se insultan con un atraco a mano armada. Lo que no se cuenta es que es el descenso de las faltas lo que compensa la estadística y disimula el crecimiento de los delitos. En la demarcación de la Guardia Civil en la provincia de Sevilla, por ejemplo, los delitos crecieron en un 3,9 por ciento en 2007 en relación con el año anterior mientras que las faltas experimentaron una caída del 11 por ciento, según explicó ayer la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en un comunicado. Este sindicato tiene contabilizados 11.788 delitos cometidos en 2007, mientras que 2006 se cerró con 11.346.

Cuando surge un problema puntual como lo ha sido en el último mes la oleada de robos en urbanizaciones del Aljarafe, el Gobierno reacciona y refuerza la dotación de la Guardia Civil en una zona en la que habitualmente sólo hay tres patrullas para vigilar seis municipios. Sin embargo, según la AUGC, una quincena del medio centenar de guardias que componen la unidad de Seguridad Ciudadana -que se ha enviado como refuerzo a vigilar las urbanizaciones del Aljarafe- estaba ayer por la mañana participando en un desfile en Montequinto.

En la capital la situación no es muy distinta. La estadística es igual de secreta y sólo se sabe que en 2007 hubo un ligerísimo repunte de los delitos que no llega ni siquiera al 1 por ciento. Pero sí hay un dato que resulta revelador. El Ministerio del Interior revisó el pasado mes de enero el catálogo por el que regula la dotación de policías nacionales para Sevilla. En el nuevo documento se especifica que en la capital andaluza debe haber 2.360 policías destinados, cuando hasta diciembre de 2007 estipulaba que la dotación debía ser de 2.040. Si todo fuera tan bien como dicen las estadísticas, ¿qué sentido tiene incrementar en más de 300 agentes los previstos para Sevilla?

Máxime cuando el catálogo no se ha cumplido jamás en los últimos años y vuelven a faltar en Sevilla más de 600 policías nacionales. La situación es muy parecida a la de 2002 en cuanto a déficit de agentes. El secretario general del SUP, Manuel Espino, explicó ayer a este diario que de las más de 200 nuevas plazas que se han convocado para la provincia de Sevilla, probablemente sólo se cubran las 65 correspondientes a los policías recién llegados de la Academia y más de la mitad del resto se queden vacías.

En cualquier caso, las estadísticas sobre seguridad ciudadana se han convertido en un arma de cara a la próxima campaña electoral que ni el partido en el Gobierno ni el de la oposición están dispuestos a dejar de utilizar.

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