Sevilla

La caja B dispuso de 10 millones para las mordidas

  • Con estos pagos crearon una "red clientelar" al servicio de Fitonovo y para favorecerla en los contratos.

La caja B de la empresa Fitonovo manejó más de diez millones de euros entre 2003 y 2012 para el pago de las mordidas a los funcionarios sobornados, según recoge el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporado a la pieza principal de la operación Madeja, cuya instrucción acaba de finalizar la Audiencia Nacional. El juez José de la Mata destaca que esta contabilidad paralela se nutría de fondos procedentes en su mayoría de la "facturación falsa" elaborada por los diferentes proveedores de Fitonovo, "aumentando al mismo tiempo de forma artificial y deliberada los gastos a deducir en el impuesto de sociedades, reduciendo en cada ejercicio fiscal de forma significativa el importe a desembolsar por dicho impuesto".

Para el magistrado, una vez que la organización criminal conseguía dinero efectivo o B suficiente, lo empleaba en el pago de salarios en B a muchos de sus trabajadores y en el abono de las comisiones ilegales a los funcionarios públicos que "repercuten en un mayor volumen de negocio de la sociedad, creando una red clientelar al servicio de la organización criminal, dispuesta a favorecerla frente al bien común y a los intereses de terceros de buena fe, que compiten en desventaja en los procedimientos de contratación pública". Estos pagos a los funcionarios propiciaban además un "incremento preconcebido y deliberado del coste de las obras o servicios, con un perjuicio directo a la Administración".

El magistrado destaca la "precisión y veracidad de las anotaciones" que contiene la contabilidad B que confeccionó durante años Ángel Manuel Macedo Gajete, adjunto a la dirección de Fitonovo, siguiendo las directrices de Rafael González y su hijo José Antonio González Baró.

Entre 2003 y 2012, la caja B ingresó 10.396.625,39 euros, de los cuales más de ocho millones fueron generados por los proveedores de facturas falsas, concluye el juez, que cita un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el funcionamiento de la caja B en relación con los distintos proveedores de la empresa contratista investigada en esta causa.

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