Desde la aprobación del proyecto Actuaciones de Mejora en los accesos marítimos al puerto de Sevilla en el año 2000, la Autoridad Portuaria, la Confederación de Empresarios, la Cámara de Comercio, el Consejo Económico Social, políticos municipales, sindicalistas y otras fuerzas vivas locales han bombardeado a la opinión pública con el mensaje de que la supervivencia del puerto de Sevilla se jugaba en el dragado de profundización del estuario del Guadalquivir.

Tras 17 años de malgastar energías y recursos, los actuales responsables del Puerto han venido a reconocer lo que ya era incuestionable desde la aprobación en 2010 del Dictamen de la Comisión Científica: el dragado de profundización ni es viable ni es la solución. El dictamen científico señalaba con rotundidad que "la situación actual requiere la intervención rápida y coordinada de las administraciones implicadas en la planificación y gestión del estuario, de la cuenca del Guadalquivir y de la costa, de modo que se revierta la tendencia actual que lleva al colapso del estuario y a la costa que de él depende". En consecuencia el dictamen recomendó desestimar definitivamente el dragado de profundización y poner en marcha un plan integral de recuperación a escala de cuenca hidrográfica, a cuyos resultados se debe condicionar cualquier nuevo proyecto de intervención portuaria. Lejos de aceptar este dictamen, el Puerto se ha dedicado durante años a intentar desprestigiar los fundamentos científicos del mismo, cargando contra los profesores Miguel Losada y Javier Ruiz, coordinadores de la Propuesta Metodológica para diagnosticar y pronosticar las consecuencias de las actuaciones humanas en el estuario del Guadalquivir en la que se apoyaba el dictamen científico.

Es censurable el comportamiento del Puerto y bochornoso el de la Confederación

Si el comportamiento de la Autoridad Portuaria de Sevilla es censurable, el de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que debe velar por los intereses no de una localidad sino de toda la cuenca, es técnica y políticamente bochornoso: en 2013 se aprobó el Plan Hidrológico del Guadalquivir en el que se incluía el dragado de profundización sin hacer mención a los nuevos conocimientos sobre el estuario y a las terminantes recomendaciones de la Comisión Científica. En junio de 2013, la 37ª Sesión del Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco aprobó "urgir al Gobierno de España a no permitir ninguna profundización del dragado en el Bajo Guadalquivir". En octubre de este mismo año, la Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción contra España por el proyecto. Dos años después, en 2015, una Sentencia del Tribunal Superior anuló el dragado de profundización incluido en el Plan Hidrológico de Demarcación, tanto por la forma como por el contenido material de sus propuestas, incompatibles con la legislación vigente. Lejos de reflexionar sobre estos varapalos técnicos, jurídicos y políticos, las máximas autoridades de la Confederación Hidrográfica y de la Autoridad del Puerto, junto a otras falsedades como que "los fondos europeos se perderán si no se aplican este año", anunciaron que se trataba de un problema formal que obligaba simplemente a "tintar el plan" (literal). Así se hizo: el nuevo Plan Hidrológico aprobado en 2016 volvió a incluir el proyecto de dragado de profundización, "tintado" con estudios y "proyectos de investigación" encargados y financiados (con el dinero de todos) por la entidad promotora del proyecto.

¿Y ahora qué? ¿Pedirá alguien disculpas y se exigirán responsabilidades por el derroche de tiempo y dinero público que todo esto ha ocasionado? ¿Cómo se va a restaurar la honorabilidad y la credibilidad de las instituciones que han ido a la contra de la racionalidad científica y jurídica, maltratando a los sectores críticos, durante muchos años?

Pero hablando en positivo, ¿cuál es el nuevo enfoque que el Puerto de Sevilla, en cuya defensa siempre nos hemos posicionado, requiere? Pasar de una perspectiva centrada exclusivamente en los intereses sectoriales y de corto plazo a una perspectiva integradora de la complejidad de funciones, actividades económicas, sociales y ecológicas presentes en el estuario (agricultura, pesca, turismo, navegación, biodiversidad). Frente a una perspectiva de lucha continua contra la naturaleza, de intervención quirúrgica continua, diseñar una estrategia de adaptación al medio, a un territorio ya muy antropizado. Frente a una perspectiva coyuntural, construir una perspectiva que tenga en cuenta la experiencia del largo proceso, varios siglos, de intervención directa del Puerto de Sevilla sobre el estuario. Frente a la perspectiva localista de una élite cerrada en sí misma, la incorporación de una visión regional que incluya todo el triángulo de Sevilla-Cádiz-Huelva. Frente a la opacidad y la ausencia de rendición de cuentas de los centros de poder actuales, garantizar la transparencia y admitir la participación en el debate con las opiniones contrarias. Ésta es una de las claves del debate: el control de los procesos de decisión y la naturaleza de las redes de poder en las que ese control se apoya. En el caso del Puerto la relación de sus estrategias con esas estructuras de poder (Cámara, Consejo, Confederación, sindicatos locales, ingenierías y consultorías, tanto profesionales como pseudoacadémicas, sistema bipartista...) es paradigmática. El lenguaje del Puerto puede cambiar pero la continuidad de esas estructuras de poder será lo decisivo. Y eso no tiene muchas perspectivas de cambiar, no nos engañemos.