No hay winstoneros en los semáforos pero sí señoras mayores vendiendo tabaco a las puertas de los bares. Se las puede ver cargando con un carrito de la compra lleno de cajetillas en cualquier calle de barrios como Su Eminencia, San Jerónimo, Pío XII o Juan XXIII, por citar algunos. A veces el precio de la cajetilla es hasta un euro más bajo que el que tiene la misma marca en el estanco. El contrabando de tabaco ha vuelto a repuntar en Sevilla hasta sus niveles más altos, los de los años 1992 y 1994, y ha hecho caer en picado la venta legal hasta el punto de que varios estancos han tenido que echar el cierre en la capital andaluza.

Así lo confirmó este martes a este periódico el presidente de la asociación de estanqueros de Sevilla, Fernando Romero, que asegura que el sector está atravesando la peor crisis de los últimos años. "Hay estancos que no llegan a final de mes, que se mantienen sólo porque son negocios familiares en los que trabaja algún hijo de la persona que tiene la concesión y puede permitirse no pagarle un mes. Otros han tenido que cerrar y en algunos casos se están solicitando cierres temporales", explicó el representante de los estanqueros, que cifró en un 20% la incidencia de la venta ilegal. Es decir, de cada cien cajetillas que se venden en Sevilla, 20 son de contrabando.

Las cifras de la venta legal avalan las palabras del presidente de los estanqueros. En el año 2011 se expendieron en Sevilla 100 millones de cajetillas, lo que supone un 25% menos que el año anterior, que se cerró con 133 millones, según los datos del comisionado para el mercado del tabaco, órgano dependiente del Ministerio de Hacienda. La caída es todavía más acentuada si se compara con los años anteriores, puesto que en 2009 se vendieron 158 millones de unidades y durante el ejercicio anterior 176. Esto supone un descenso global superior al 45% en las ventas de cajetillas en los últimos cuatro años.

El negocio legal del tabaco alcanzó un volumen de ventas de 377 millones de euros en 2011 en la provincia de Sevilla, lo que supone un 15% menos que el ejercicio anterior, que se cerró con 440 millones de euros. La explicación de esta caída de la venta legal y del repunte del contrabando está en la confluencia de una subida de los impuestos sobre el tabaco con la segunda ley antitabaco puesta en marcha por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Mientras que el precio de cada cajetilla es un 80% de impuestos y sólo el 20% restante es beneficio para el estanquero, los contrabandistas pueden bajar sus tarifas en unos márgenes imposibles para los vendedores legales.

El tabaco de contrabando que se vende en Sevilla, como en el resto de España, entra principalmente por tres vías: Canarias, el puerto de Algeciras y Andorra. La Guardia Civil completó hace un mes la operación Platanera, la mayor redada contra la venta ilegal de tabaco en la historia reciente de Sevilla. Fueron detenidas nueve personas e incautadas 123.500 cajetillas en un operativo en el que participaron más de cien agentes y en el que se practicaron 15 registros domiciliarios. Operaciones como ésta o como la llevada a cabo por la Policía Nacional en Alcalá de Guadaíra demuestran que la distribución ilegal de tabaco se ha convertido en un negocio dirigido por redes con ramificaciones internacionales que mueve una enorme cantidad de dinero, según fuentes del instituto armado. Prueba de ello son los 180.000 euros en metálico que unos distribuidores de Umbrete arrojaron a la piscina de sus vecinos para evitar que la Guardia Civil los sorprendiera con el dinero.

Para las Fuerzas de Seguridad no resulta fácil luchar contra el contrabando de tabaco. Pese a que existen patrullas fiscales dedicadas a la inspección de quioscos y negocios clandestinos, la propia ley no considera delito la venta ilegal siempre que no se superen los 6.000 euros. Por debajo de esta cantidad es sólo una infracción administrativa que se castiga con una multa, de ahí que los vendedores se aseguren de llevar encima siempre una cantidad de tabaco que no alcance este valor. También los propios jueces son más reacios a autorizar registros domiciliarios en las operaciones policiales contra el contrabando de tabaco que en aquellos casos en los que se investigan otros hechos ilícitos como el tráfico de drogas.