La empresa Contsa, en suspensión de pagos, ha presentado al juzgado una lista de acreedores en la que sus familiares o sociedades filiales reclaman 4,5 millones de euros, el 10 por ciento del total de la deuda declarada, mientras que los afectados superan ya el doble de los 609 reconocidos.

Fuentes del caso han indicado hoy a Efe que el Juzgado de lo Mercantil de Sevilla encargado de la suspensión de pagos acumula ya 12 tomos de actuaciones, en las que se han personado 70 procuradores de los tribunales en representación de los afectados, pese a que dicha personación no es obligatoria.

Los afectados reconocidos por Contsa son 609, pero dicha cifra se ha duplicado ya en el juzgado, donde los inversores disponen hasta el próximo 2 de mayo para presentar su reclamación de cantidades.

La empresa inmobiliaria, que captaba a pequeños ahorradores con la promesa de elevados intereses, se declaró en suspensión de pagos el pasado 11 de febrero, aunque el juzgado había abierto unos días antes un procedimiento similar a instancias de uno de los inversores, que es el que continúa abierto.

El abogado Juan de Dios Ramírez, que representa a varios afectados, ha dicho hoy a Efe que el listado de 609 acreedores presentado por la empresa recoge deudas totales por importe de 49.399.202 euros, de los que 4,5 millones corresponden a sus propias sociedades, familiares o personas vinculadas a José Salas Burzón, el presidente de la empresa.

Así, figuran entre los acreedores Contsa Abogados, Contsa Intermediarios, Contsa Medical, Contsa Patrimonio, Contsa Renta Vitalicia y Contsa Resort, así como otras empresas en las que Contsa figura como accionista mayoritario, como es el caso de Parque Comercial Cartuja, propiedad en un cien por cien de Contsa.

Por otra parte, el arquitecto J.G.P., director técnico de los proyectos de Consta, figura como acreedor de 4.877 euros, cinco personas que son familiares directos del director de Contabilidad de la empresa reclaman 130.000 euros y un único apellido de Almonte (Huelva) es acreedor de 771.700 euros.

Ramírez ha indicado a Efe que, a la vista de estos datos, va a pedir a los tres administradores judiciales que "investiguen la realidad jurídica" de los contratos aportados por estas personas presuntamente vinculadas a Salas.

Fuentes judiciales han dicho a Efe que la dificultad técnica de este proceso ha hecho que el Juzgado de lo Mercantil haya suspendido el plazo de dos meses de que disponen los tres administradores judiciales para entregar su informe sobre la situación patrimonial.

Junto a esta vía mercantil, el juzgado de instrucción 17 de Sevilla mantiene abierta una denuncia penal contra los directivos de Contsa por presuntos delitos de estafa y apropiación indebida, dentro de la cual ha solicitado la grabación de la asamblea que el 3 de marzo mantuvo Salas con sus inversores en un hotel sevillano.

El objetivo es confirmar, como sostienen las acusaciones, que presuntamente captó nuevas inversiones después de haber tenido, en noviembre de 2007, las primeras noticias sobre las dificultades para hacer frente al pago de los intereses.

Por el mismo motivo, el juzgado de instrucción ha reclamado al Juzgado de lo Mercantil el listado de los acreedores que depositaron inversiones después de dicha fecha.