El extraño borrado de archivos en DeSevilla

  • La Guardia Civil confirma al juez el desvío para "fines distintos" de casi un millón de euros en subvenciones concedidas por la Fundación DeSevilla

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Un extraño borrado de casi 25.000 archivos informáticos en el ordenador donde se llevaba la contabilidad de la Fundación para la Formación, Innovación y Cooperación de Sevilla. El Equipo de Delincuencia Económica de la Guardia Civil ha remitido un completo atestado al juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, que investiga la denuncia presentada por la Fundación DeSevilla contra el ex alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín y el ex primer teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos, y en el que los investigadores destacan que el borrado de estos archivos tuvo lugar el 28 de julio de 2011, el mismo día en que cesó en sus funciones el gerente de la Fundación y por ahora único imputado en el caso, Miguel López Adán, que ha sido citado a declarar el próximo 15 de abril.

El informe policial señala que el ordenador de contabilidad se venía utilizando desde el 11 de febrero de 2001, pero no fue hasta el mismo 28 de julio cuando se instaló una aplicación de "borrado seguro" denominada CCleaner. Ese mismo día fueron destruidos en ese ordenador 24.479 archivos informáticos y 98 carpetas cuyo contenido no se pudo recuperar.

La Guardia Civil señala que, si bien los analistas informáticos no han podido determinar si esos elementos borrados formaban parte o no de la contabilidad de la Fundación DeSevilla, lo que sí está acreditado es que se trataba del ordenador donde estaba la contabilidad de esta entidad municipal y que la limpieza se efectuó el mismo día en que se instaló el citado programa.

El responsable de la empresa Deloitte, que auditaba las cuentas de la Fundación, explicó que no puede afirmar que se practicara un "borrado voluntario" de la contabilidad, si bien ha explicado que cuando el gerente le dio acceso a la contabilidad, ésta estaba, aunque no puede determinar si la información que reflejaba la contabilidad "era completa o no".

Junto a este extraño borrado, la Guardia Civil ha hallado otra "curiosidad" en la auditoría realizada por Deloitte sobre las cuentas de la entidad. En las mismas aparece una aportación de 34.859 euros aportados por el propio gerente, Miguel López Adán, para supuestamente pagar facturas, bajo la siguiente anotación: "Ha pagado de su bolsillo. Faltaba dinero para algunas facturas y no había suficiente". La propia auditora cuestiona con sorpresa que el propio gerente haya tenido que poner dinero de su patrimonio para responder a la falta de liquidez y afrontar el pago de unas facturas.

La Guardia Civil también ha constatado las principales irregularidades expuestas en la denuncia por DeSevilla, el presunto desvío de 935.890,16 euros de cinco ayudas destinadas en principio a programas de cooperación al desarrollo en Cuba, Nicaragua y Colombia, pero que, según los investigadores "se gastaron y lo fueron para fines distintos de los que habían sido el objeto de las subvenciones, desde el momento en que ni se justificaban las partidas ni se reintegraban".

Este desvío lleva a los agentes del instituto armado a considerar que, al menos, se ha podido incurrir en un delito contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, por fraude en las subvenciones, dado que tan sólo teniendo en cuenta el expediente 98/08 "ni se registraron ni se justificaron 742.500 euros, que con intereses llegaron a ser 798.746,92 euros".

El responsable de Deloitte declaró a la Guardia Civil que la gestión de la contabilidad en la Fundación era un "absoluto descontrol" y precisó que las responsabilidades contables deberían extenderse a todos los miembros del Patronato, que estaban al tanto de los informes y "año tras año iban aprobando las cuentas".

El analista de la auditora también puso de manifiesto que el gerente de DeSevilla, Miguel López Adán, no tenía la suficiente autonomía para hacer o deshacer nada sin el conocimiento y el visto bueno de sus superiores; en concreto, el ex concejal de IU Carlos Vázquez, que fue patrono entre 2007 y el 29 de julio de 2011, lo que lleva a la Guardia Civil a considerar que el ex edil tenía un "papel fundamental en cuanto a la toma de decisiones y conocimiento de para qué era destinado el dinero de las subvenciones".

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